Alberto González Amador
Así se desprende de los audios publicados por El País y Cadena Ser sobre la declaración de la investigadora tributaria. En ellos la inspectora detalla los indicios que le llevaron a concluir en un informe que Amador había actuado con voluntad delictiva. Así, entre otras cosas, alude al uso de “facturas falsas”.
“Esta regularización que hace cuando ya me ha pillado la Agencia Tributaria, cuando ya he necesitado procedimiento inspector”, declaró ante la jueza, “cuando las propias autoridades mexicanas están poniendo en evidencia que esa factura no responde a la realidad de los servicios, porque esos servicios no se han prestado. Es cuando quiere un poco ajustar o arreglar su situación”.
“Aquí tenemos dos delitos en contra de la Hacienda Pública”, señaló de acuerdo a los citados audios. “Un primer delito del ejercicio 2020 por el que se acusa a la sociedad Maxwell Cremona (consultora sanitaria de la que es dueño González Amador) de haber defraudado una cuota de 155.000 euros. Y un segundo delito en contra de la Hacienda Pública, igual por el Impuesto sobre Sociedades de 2021 al mismo obligado tributario por un importe de 195.591 euros. Entendemos que hay dos delitos en contra de la Hacienda Pública, aunque los dos ejercicios están muy relacionados porque se están utilizando facturas falsas para reducir la cuota tributaria”, declaró, recogen los dos medios.
Según la inspectora, “había un incremento muy considerable de los ingresos en 2020 respecto de 2019”. En concreto, unos ingresos de 2,3 millones de euros. “El hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo”, apuntó, pero “lo que es llamativo es que baja la tributación”. “Si tengo 375.000 euros de ingresos en 2019 y paso a 2,3 millones en 2020, pues tendré que incrementar la cuota tributaria. Y, por el contrario, nosotros verificamos que no.
Sobre el negocio en Costa de Marfil por más de 920.000 euros, la Agencia Tributaria concluyó que tampoco se había llevado a cabo ningún trabajo. Otra de las facturas falsas citada por la inspectora fiscal fueron los 922.000 euros por la venta de vacunas a Costa de Marfil.
La inspectora relata que la operación no existió. No se vendió vacuna alguna.
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