Íñigo de la Serna, ministro de Fomento
La imputación del presidente de Adif, Juan Bravo, por el juez que instruye el caso Lezo por su participación en la compra de Inassa ha puesto en apuros al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Unidos Podemos quiere que explique en el Congreso qué piensa hacer con Bravo, mientras que PSOE y Ciudadanos reclaman la dimisión inmediata de este último. La renuncia de Arturo Canalda este jueves como presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid ha puesto el foco en el responsable de Adif.
Bravo es uno de los citados a declarar por el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea por el ‘pelotazo’ del Canal de Isabel II en América. Fue consejero de Hacienda en el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid y uno de los hombres de confianza del también exministro de Justicia. De ahí que reclamen su dimisión.
El presidente de Adif “debería dimitir ya”, reclamó el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, tras la renuncia de Canalda. Es más, “si no dimite, tendrá que ser el Gobierno quien le exija esa dimisión”, afirmó el dirigente ‘naranja’, según Europa Press, que recordó que en el acuerdo de investidura suscrito entre Mariano Rajoy y Albert Rivera se recoge que “cualquier cargo público imputado por delitos de corrupción, como es el señor Bravo debe dimitir”.
El Partido Socialista también defiende esta tesis. El presidente de Adif “no puede estar ni un minuto más en su puesto”, sostiene el portavoz de Fomento del PSOE en el Congreso, César Ramos. “Un ente público con una dotación millonaria como Adif no puede estar presidido por alguien de quien el juez tiene indicios de que ha participado en una operación fraudulenta que ha costado decenas de millones de euros a los madrileños”, asegura el socialista, que manda un mensaje a De la Serna.
“Si Bravo no quiere dimitir”, señala Ramos, “deberá ser el ministro de Fomento quien le cese de sus responsabilidades”.
Por su parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una iniciativa en el Congreso para que De la Serna explique en la Cámara baja qué “actuaciones y medidas va a adoptar” tras la imputación Bravo en el caso Lezo. Este grupo ya pidió su cese en noviembre y registró una proposición no de ley en este sentido ante el “reiterado silencio” del ministro en torno al máximo responsable de Adif.
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