La Iglesia madrileña pide suspender los desahucios y promover la vivienda social

Vivienda

La Iglesia madrileña pide suspender los desahucios y promover la vivienda social

La archidiócesis asegura sentirse consternada por el suicidio de la mujer que iba a ser desahuciada.

Argumosa Desahucio pah

La Iglesia de Madrid pide a las administraciones públicas y a los partidos políticos cambios legales para suspender provisionalmente los desahucios de personas vulnerables. El suicidio de una mujer cuando iba a ser desahuciada la semana pasada ha “consternado” a la archidiócesis madrileña.

El vicario de Pastoral Social e Innovación de la diócesis de Madrid, José Luis Segovia, en nombre de la Iglesia de Madrid, ha mandado una carta a los poderes públicos (grupos parlamentarios, Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Defensor del Pueblo) en la que solicita cambios legales para suspender provisionalmente los desahucios de personas vulnerables; medidas de promoción de vivienda social, y la incentivación del alquiler social.

La Iglesia de Madrid considera que el suicidio de la mujer que iba a ser desahuciada pone de manifiesto “de forma muy cruda la realidad que están sufriendo muchas familias desahuciadas por no poder, casi siempre, pagar el alquiler de su vivienda”.

La archidiócesis responsabiliza en la falta de viviendas públicas en la Comunidad de Madrid la dificultad para realizar un tratamiento preventivo sobre las personas vulnerables. Una acusación directa a la gestión de patrimonio llevada a cabo por los gobiernos municipales y regionales del PP durante los últimos años, responsables de la venta de miles de pisos públicos a ‘fondos buitre’.

“Hemos pasado de un modelo de producción masiva de vivienda de protección oficial a otro de liberalización del suelo, especulación y corrupción, para acabar desembarcando en el olvido flagrante del derecho a la vivienda, transformado en muchos casos a simple bien de inversión”, asegura la Iglesia madrileña.

La entidad religiosa pide a los políticos llevar a cabo una reforma legal para que antes de un desahucio exista un informe social de los servicios municipales correspondientes, en el cual de manera explícita debe constar la existencia o no de menores de 18 años, ancianos o personas en situación de vulnerabilidad personal.

Si se cumple uno de esos supuestos, la Justicia deberá conceder una moratoria para ofrecer una alternativa residencial.

“No ignoramos tampoco los legítimos intereses de la propiedad pero, ante un conflicto de valores, hay que atender en cada caso concreto a la situación de precariedad (o no) en que se encuentren ambas partes”, detalla José Luis Segovia, quien considera que esta situación de emergencia “es el resultado de la inacción”.

La archidiócesis invoca a la Constitución y a resoluciones del Parlamento Europeo que hacen referencia al concepto fundamental sustantivo de “persona y su inherente dignidad, sin que puedan ser restrictivamente interpretados en función de otras categorías adjetivas (nacionalidad, condición social, etc.)”.

Propuestas de la Iglesia

1º.- Una iniciativa legislativa que impida el desahucio de personas vulnerables, ancianos, niños y niñas sin que, previamente, se cuente con informe social y, en estos casos, siempre con la garantía de una alternativa residencial digna.

2º.- Junto con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, debe promoverse una iniciativa conjunta de las tres administraciones que coexisten en la Comunidad de Madrid para lanzar un plan de construcción urgente de un número no inferior a 20.000 viviendas sociales, que posibiliten una vida digna a los ciudadanos con empleos precarios, escasos de recursos económicas o en situación de vulnerabilidad o exclusión.

3º.- Adhesión a las recomendaciones del Defensor del Pueblo en favor de promocionar la construcción de vivienda social e incentivar el alquiler social para la población vulnerable.

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