La auditoría será llevada a cabo por un despacho de abogados que «abrirá un cauce independiente para recibir eventuales denuncias, revisará los procedimientos jurídicos tendentes a sancionar las prácticas delictivas y ofrecerá su colaboración a las autoridades para ayudar a esclarecer los hechos», señala el comunicado de la Conferencia Episcopal.
Asimismo, este despacho de abogados –la firma legal Cremades y Calvo Sotelo– buscará formulas para «establecer un sistema de prevención que satisfaga las demandas sociales al respecto».
Está previsto que el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, comparezca en rueda de prensa este martes junto a los responsables del despacho de abogados para dar a conocer más detalles de esta propuesta.
La necesidad de investigar los abusos a menores en la Iglesia se coló con fuerza en el debate público español después de que recientemente saliera a la luz un informe documentando 251 nuevos casos de abusos cometidos por sacerdotes, religiosos y trabajadores en el ámbito eclesiástico.
A raíz de estas informaciones el Gobierno de España encargó al defensor del pueblo encabezar los trabajos para elaborar un informe donde se detalle la magnitud del problema para investigar aquellos casos que no hayan prescrito y promover reformas que eviten nuevos abusos.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio órdenes a los fiscales superiores de las 17 comunidades autónomas para recopilar información sobre todas las causas abiertas sobre posibles abusos en el ámbito eclesiástico.
Hasta la fecha, la FGE constató la existencia de un total de 68 procedimientos abiertos. Según señaló el Ministerio Público en un comunicado, tras recopilar los datos cuantitativos relativos a las causas, se realizará un análisis cualitativo con el fin de «dimensionar el fenómeno» y «promover la acción de la justicia» ante los hechos que puedan ser constitutivos de delito.
