Por largo tiempo, tal vez demasiado, la opinión pública local e internacional esperaba pormenores del proceso investigativo y judicial iniciado contra Alejandro Miguel Gil Fernández, ex vice primer ministro del gobierno y ministro de Economía y Planificación, detenido por “graves errores” desde febrero del pasado año.
Finalmente, se rompe el silencio luego de veinte meses. Una nota oficial de la Fiscalía General de la Republica ha dado cuenta que el proceso contra él y otros implicados se encuentra en tramitación una vez concluidas las acciones investigativas.
Sobre Gil y demás encausados cuyos nombres no fueron dados a conocer, pesan muy serios delitos. Son ellos: espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos de otros objetos en custodia oficial.
Llama la atención que el delito de corrupción, tan socorrido hoy en la isla como la pandemia actual, no se encuentre en el listado. En cambio, el de espionaje pudo haber sido la causa de la demora en brindar una información de carácter público.
Y las preguntas serían dos de momento. ¿Espionaje para quién? ¿Para la CIA u otro servicio de inteligencia de una potencia europea con fuertes vínculos con la isla?
Habrá que esperar al inicio del juicio ante el Tribunal Supremo Popular y el nivel de información o secretismo que la envuelva que se le brindará a la ciudadanía.
Por menos delitos que los imputados, sólo por espionaje, en China o Vietnam le hubiesen condicionado luz verde hacia el cadalso, pero en Cuba todo es diferente.
