Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió una ampliación del primer informe sobre la implicación de Cristina Cifuentes en las supuestas irregularidades de la contratación del Grupo Cantoblanco, propiedad del empresario imputado en Púnica Arturo Fernández, en la Asamblea de Madrid.
Según informa El País, la UCO envió un segundo documento de ampliación, 27 días después del primero, que incluye la declaración de tres componentes de los comités de expertos que participaron en las licitaciones del servicio de comedor y cafetería de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011.
Se trata de 15 nuevos folios en los que los investigadores concluyen que “el contenido de las referidas declaraciones avala aún más las conclusiones apuntadas” en el informe anterior “respecto a la existencia de una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades SL en ambos procesos de licitación y decidir de antemano la adjudicación de los mismos”, según publica el citado medio.
Los investigadores de la Guardia Civil consideran que sobre ciertas irregularidades detectadas “tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras” los integrantes del comité de expertos, el que decidió el concurso, y entre las que cita expresamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Apuntan que esto último puede acreditarse “de forma indubitada”, en uno de los aspectos de la adjudicación.
Las tres declaraciones que analiza el informe son las que prestaron el pasado 8 de marzo ante la Guardia Civil como investigados María Merino, jefa de Protocolo de la Asamblea de Madrid; Tatiana Recoder, responsable del Servicio Jurídico de la Cámara autonómica, e Isaac Zubiri, funcionario de la misma.
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