La gran reforma de la PAC se ha aprueba tras tres años de debate

Agricultura
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La nueva Política Agraria Común (PAC) ha superado la última prueba después de tres años de discusiones y un retraso de dos en su entrada en vigor. La PAC que “aplicará la mayor reforma en los últimos 30 años” según el ministro español de Agricultura, Luis Planas, pretende ser más justa, más social y más verde, además de apostar por una mayor agilidad burocrática. Para España la PAC supone 47.724 millones hasta 2027 y afecta a 695.000 beneficiarios. Ahora los países tienen hasta el 31 de diciembre para presentar sus Planes Estratégicos que en el caso español tendrán que discutirse con las comunidades autónomas.

El viernes pasado se alcanzó un acuerdo entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo que ha sido ratificado hoy en Luxemburgo por los ministros del sector. Normalmente el Parlamento lo aprobará en la sesión plenaria de septiembre y una vez entregados los Planes Nacionales, la Comisión tendrá seis meses para pronunciarse, de modo que las medidas establecidas en esta nueva PAC entren en vigor en enero de 2023 hasta 2027.

La principal novedad, entre otras muchas, es la introducción de los eco-esquemas, planteamientos que obligarán a agricultores y ganaderos a adoptar una perspectiva de mejora medioambiental y que representará el 25% del total, muy por encima de la cifra que defendía España y que era del 14%. “Esto nos obligará a un esfuerzo de pedagogía y de formación en el sector, pero soy optimista porque el sector en España es muy innovador” según Planas. La propuesta de una gestión más verde va en consonancia con el resto de políticas marcadas por Bruselas.

UNO DE LOS PILARES DE LA UE

La nueva PAC, uno de los principales pilares de la UE, establece límites a los grandes perceptores de las ayudas: no podrán recibir subvenciones por encima de 100.000 euros, por lo que se considera que es un elemento de justicia con las explotaciones familiares y de menor tamaño. También se establece por primera vez que a partir de 2025 puedan cruzarse los datos de los incumplimientos para con los trabajadores de los beneficiarios, de modo “que no sean una competencia desleal”. Es decir que para recibir ayudas habrá que cumplir con la normativa laboral.

También se establece que el 3% del total esté destinado a los jóvenes agricultores, una cifra por encima de la actual y se apuesta igualmente por el mantenimiento de programas como el Leader que significan una transformación positiva del entorno rural. Todas esas políticas en el ámbito nacional habrá que debatirlas aún en el comité sectorial entre el ministerio y las comunidades autónomas y las reuniones “comenzarán en julio, aunque ya hemos venido trabajando sobre ello desde hace dos años” aclaró Planas.

UN SECTOR CLAVE

Según el ministro español se ha frenado la desregulación teniendo en cuenta que “es un sector clave para la producción de alimentos y bebidas como ha quedado claro durante la pandemia”. Es decir que no habrá una mayor liberalización durante este período. Lo que si se prevé es una mejora de la gestión administrativa que facilite las tareas de los beneficiarios últimos.

Para “España es un buen acuerdo, un acuerdo histórico por la reforma profunda que introduce, y que cumple con los objetivos que nos habíamos marcado” según el ministro español, quien añadió que “se ha alcanzado, como pedíamos, un equilibrio entre la rentabilidad y los objetivos medioambientales”.

Finalmente, la nueva PAC establece un sistema más riguroso para comprobar que el dinero que se distribuye es eficaz para los objetivos planteados más allá de que el gasto se haya hecho de acuerdo con lo exigido. Para la eurodiputada socialista Clara Aguilera, que ha participado desde el principio en los debates sobre esta reforma se trata de un cambio a una política agraria “más justa, más social y más sostenible” que apoyará sobre todo a las pequeñas y medianas explotaciones. Y que intentará poner coto “a la competencia desleal de terceros países” por ejemplo con el uso de fitosanitarios que están regulado so prohibidos en el seno de la UE y son utilizados en otras regiones del mundo que venden sus productos en la UE.