Viviendas
La venta de 2.935 viviendas públicas al fondo buitre Azora Goldman-Sachs que realizó el Gobierno de Ignacio González estuvo “trufada de irregularidades”. Esa es una de las conclusiones que ha extraído el fiscal del caso, que apunta directamente contra los ex directores gerentes del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) Ana Gomendio y Juan Van-Halen.
Según ha recogido la Cadena SER y Europa Press, la Fiscalía ha considerado que hay indicios “diversos” para considerar que la venta de estas viviendas fue por debajo de su precio real. En este sentido, ha señalado que piso por piso “podría llegarse a cuestionar el carácter delictivo”, sin embargo, “en su conjunto”, las 2.935 viviendas juntas sí se “ofrece la imagen fiel y exacta de una conducta malversadora o defraudatoria”.
Asimismo, el fiscal ha destacado que tampoco “existe rastro documental de que se hubieran realizado estudios sobre cuál de las formas de enajenación hubiera sido más ventajosa para el sector público”. De hecho, según ha apuntado la Fiscalía, Gomendio “ya se estaba reuniendo” con los fondos buitres cuando tan solo había pedido al Gobierno de Ignacio González la autorización para la venta de las viviendas públicas.
De esta manera, el representante del Ministerio Público ha determinado que con este sistema de venta conjunta únicamente se favoreció a los grandes fondos de inversión, al ser los “únicos capaces de dotarse de la solvencia necesaria para hacer frente a la operación”. Es más, ha recordado que los informes de tasación del precio de los pisos “se realizaron con anterioridad a la firma del contrato”.
La venta no estuvo justificada
No obstante, estas no son los únicos movimientos extraños que el fiscal ha detectado. Y es que respecto a la declaración de innecesariedad de los bienes –el cual es un requisito para poder vender cualquier propiedad pública- se ha apostillado que se contó con una “pobre” argumentación. “Parecía ordenada a cumplir formalmente con un requisito administrativo, no a atender al fin último de dicho trámite que no es otro que vedar la arbitrariedad en la venta de bienes públicos”, ha afirmado el representante del Ministerio Público.
Así, la Fiscalía ha estimado que “no puede ser más raro, extraño, desacostumbrado, excesivamente peculiar y original”, ya que “no deja de ser asombroso” que se declaren como innecesarios unos bienes destinados a los fines propios del IVIMA: “la promoción y acceso a la vivienda pública”. “Evidentemente, la declaración de innecesariedad tuvo una función exclusivamente financiera de obtener ingresos para la Administración”, ha concluido.
Otro de los puntos que no ha pasado desapercibido para el fiscal gira en torno a que el auditor que “realizó labores de asesoramiento en el proceso de enajenación de las viviendas” tenía relación con los compradores.
Por todo ello, el Ministerio Público ha responsabilizado a Van-Halen y a Gomendio de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
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