La investigación de la concentración de varios ultras frente a la casa de Mónica Oltra sigue su curso. La Fiscalía Provincial de Valencia ha enviado la investigación abierta por la acción intimidatoria al juzgado decano de Llíria (Valencia). En su escrito, la fiscal ha rechazo hablar de amenazas graves, pero sí ha considerado que se puede estar ante un delito de amenazas leves “por razón de la ideología de la víctima”.
A pesar de que la Fiscalía no ve un delito de acoso, porque requiere insistencia y reiteración, no desórdenes públicos, sí ha determinado que la actuación del grupo ultra “excede del ámbito de la libertad de expresión, ya que esta actuación revestía una intención claramente intimidatoria y, por lo tanto, susceptible de reproche penal”. En este sentido, la Abogacía de la Generalitat ya denunció que estos hechos produjeron “una evidente intimidación y desazón” tanto a la vicepresidenta como a sus hijos.
La Fiscalía de Valencia ha recordado que la acción intimidatoria se produjo en horario nocturno, en el domicilio particular, en el que viven menores, con lo que se envía el mensaje de que los autores “saben donde viven tanto ella como sus familiares más próximos”, lo que supone un elemento de intimidación. Al mismo tiempo, se ha señalado que todos iban con el rostro oculto excepto José Luis Roberto, quien se declara “defensor de la unidad nacional” y defiende posturas “xenófobas y racistas”.
Por todo ello, la Fiscalía ha sostenido que la intención de los ultras era que Oltra supiera quiénes eran los congregados ante su puerta. “Estamos contra estos independentistas que quieren romper la unidad de España; (Compromís) puede ser la marca blanca aquí en València de la CUP. Estamos en casa de nuestra amiga Oltra de Compromís, hemos venido a ponerle un poco de música española, para decirle que estamos en España y en la Comunidad Valenciana”, se vanagloriaba uno de los protagonistas en el vídeo difundido por redes sociales.
