La familia propietaria no pretendía arreglar los desperfectos de esa vivienda, ni del resto de viviendas del edificio situado en el barrio de Sant Antoni, según el sindicato de inquilinos. Además, pretendía subir los alquileres a todos ellos por lo menos 200 euros. Alpha y Fran daban 850 euros todos los meses por un piso repleto de termitas, en el que no podían ni beber agua del grifo. “Yo nunca había visto nada igual”, recuerda el portavoz del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera sobre su primera visita al inmueble.
Para él, que los propietarios finalizaran el contrato de Alpha y Fran por quejarse de las condiciones insalubres en las que vivían es un caso de acoso inmobiliario. “Es cuando un arrendador tiene una vivienda que no es habitable y se niega a reparar los deterioros. Por mucho que los inquilinos se vayan voluntariamente, es una expulsión”, detalla el portavoz. Según los datos del Sindicat, los inquilinos han normalizado este tipo de abusos.
“Alpha y Fran no encajan en la idea de familia pobre a la que el banco quiere echar. Aquí lo que vemos es una familia que siempre ha pagado el alquiler”, relata Palomera: “Pagar un alquiler les coloca como vulnerables”. Todo empezó cuando hartos de la situación en la que vivían denunciaron la situación al Ayuntamiento de Barcelona. Entonces fue cuando les solicitaron que se fueran de la vivienda. Alpha y Fran decidieron continuar luchando por su hogar. Así que siguieron pagando el alquiler a esperas de una mejora del lugar. “Estuvieron más de dos años con el contrato ya finalizado”, declara el portavoz del Sindicat de Llogaters.
Un fin ejemplarizante
A los inquilinos Alpha y Fran, y al portavoz del sindicato Jaime Palomera, les piden tres años de cárcel por delitos de coacción y de allanamiento de morada de persona jurídica. La acusación popular les solicitaba una pena de 21 meses, pero la Fiscalía de Barcelona lo he elevado a tres años. El juicio se celebró la semana pasada y tuvo una duración de 11 horas. Ahora, están a esperas de la sentencia que podría dilatarse hasta septiembre.
“La acusación era muy disparatada. Pretendía hacer pasas una protesta pacífica, como se han dado centenares en estos años, por un acto de violencia”, denuncia Palomera. Además, considera que la petición de tres años por parte de la Fiscalía busca un fin ejemplarizante: “Intenta criminalizar un derecho fundamental y es muy evidente”.
En el juicio se ha aportado el atestado policial de ese día, en el que se especifica que fue una protesta pacífica. “Testificaron cinco policías y el inspector del ensanche. Todos fueron muy claros, si hubiera habido algún tipo de violencia hubieran intervenido con la fuerza y no lo hicieron en ningún momento”, concreta el portavoz del sindicato.
El problema fue que cuando ocuparon el Instituto de Belleza Francis no sabían que en uno de los despachos estaba uno de los propietarios, el cuál acabo teniendo una crisis de ansiedad. “Si lo hubiéramos conocida, lo primero que hubiéramos hecho sería interesarnos por su salud”, añade Palomera. El sindicato se enteró de esto cuando les llegó la querella. “Plantean que hubo coacción y lo absurdo de todo, es que cuando testificaron en el juicio, el propietario dijo que no tenía ni idea de que ha pasado con esa vivienda y que no sabe que pasó con la protesta. ¿Entonces porque son víctimas de coacciones?”, se pregunta Jaime Palomera. Además, relata que la manifestación fue tan tranquila que las clientas continuaron haciéndose la manicura.
“La querella por coacciones llega cuatro meses después de la protesta. Es curioso que esperaran”, comenta Palomera. Para él, la cuestión reside en que el ayuntamiento inicia un proceso sancionador contra los propietarios. “Es claramente una represaría, un mensaje para Alpha y Fran”. El Ayuntamiento de Barcelona multó a los propietarios con 90.000 por el estado en el que estaban las viviendas del edificio del barrio de San Antoni.
“Vemos una inquietante deriva en relación con las asociaciones que defendemos los derechos humanos”
No es la primera que Jaime Palomera se ve envuelto en este tipo de acusaciones, todas ellas ya archivadas. Ahora, considera que este último proceso no va directamente contra él, sin que es hacia el movimiento de vivienda. “Vemos una inquietante deriva en relación con las asociaciones que defendemos los derechos humanos”, explica el portavoz: “Atacan a una ciudadanía que se ha organizado en defensa de la vivienda. Que incomoda y a la minoría de privilegiados no les gusta”.
Para Palomera es peligroso que se desdibuje el derecho a la protesta, ya que podría afectar a la ciudadanía. “Se podría hacer una huelga general y que se sintiera como una coacción al gobierno y a la patronal”, añade.
