Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que esa es la posición fijada por el fiscal del Supremo Fernando Prieto en el informe elevado a la Sala de Admisión, que ahora debe decidir si sigue la línea marcada por el Ministerio Público o, por contra, accede a la petición de Peinado.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid dirigió una exposición razonada al Supremo pidiendo que investigara a Bolaños al considerar que incurrió en dichos delitos por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.
Basaba el delito de falso testimonio en las contradicciones que apreció entre las declaraciones como testigos de Bolaños y el responsable de personal de Moncloa, Raúl Díaz.
En cuanto a la malversación, recoge la citada agencia, razonó que Bolaños era el responsable de velar por los fondos públicos con los que se pagó a Álvarez para que asistiera a Gómez no solo en su faceta de mujer del presidente del Gobierno sino también en sus actividades privadas.
