Peinado admitió a trámite este miércoles una querella presentada por Vox y citó como investigado a Martín Aguirre por un presunto delito de malversación de caudales públicos al participar “aparentemente” en la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de La Moncloa para la esposa del presidente del Gobierno, ya que era su superior “por su condición de secretario general de la Presidencia en el mes de julio del año 2021”.
En el auto, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid precisa que Vox le atribuye tanto al delegado del Gobierno como a Álvarez y Gómez “la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación Administrativa”, y que el delito de malversación de caudales públicos incluye el concepto penal de caudales que es “amplio” y que abarca “sin ánimo exhaustivo”.
Entre otros asuntos, incluye “cualquier bien y fuerza de trabajo, incluidos por consiguiente aquellos supuestos en los que se utiliza a un empleado municipal en horas en las que debe prestar su servicio en el Ayuntamiento, y se beneficia de dicho trabajo un particular”, recoge la citada agencia.
En este sentido, explica el magistrado que entiende que ni a Begoña Gómez ni a la asesora Cristina Álvarez se les puede imputar el delito de malversación.
Aclara así que, si bien “sí que existen indicios de ese posible delito, (…) en cuanto a la participación a título de autor, cómplice o cooperador necesario, no se alcanza a percibir, en qué medida la destinataria del nombramiento por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada, pueda tener responsabilidad penal alguna, en la presunta malversación”.
Con la decisión de imputar a Martín Aguirre, ha aumentado a seis los investigados en esta causa: el recién imputado delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre; la propia Begoña Gómez; su asesora Cristina Álvarez; el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache; el directivo del IE Business School, Juan José Güemes; y el empresario Juan Carlos Barrabés.
El juez ha acordado imputar a cuatro de ellos tras tomarles primero declaración como testigos. En el caso de Gómez y de Martín Aguirre, el instructor ha optado por citarles como investigados directamente.
