En un nuevo giro del denominado caso Ayuso, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha impugnado la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar a los fiscales por una presunta revelación de secretos. El recurso, presentado por María Ángeles Sánchez Conde, número dos del Ministerio Público, sostiene que el instructor ha actuado con un sesgo infundado y que no hay pruebas que avalen la participación del fiscal general ni de su subordinada en la supuesta filtración que afectó a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.
Recurso directo a la Sala de Apelación
El Ministerio Público ha optado por acudir directamente a la Sala de Apelación del Supremo, evitando que la decisión fuese revisada por el propio Hurtado. En su escrito, Sánchez Conde solicita el archivo de la causa y la exoneración de García Ortiz y Rodríguez.
Según la Fiscalía, el correo filtrado ya era conocido por medios y periodistas antes de que lo recibiera el fiscal general, lo que invalidaría la hipótesis de que fue él quien lo divulgó. Además, se remarca que agentes de la UCO y testigos confirmaron que esa información circulaba con anterioridad.
La Fiscalía argumenta que no existe “ni prueba ni concierto” entre García Ortiz y Pilar Rodríguez para filtrar el correo sobre González Amador
Desmontando la tesis del instructor
Sánchez Conde carga contra la construcción probatoria de Hurtado, a la que tilda de «reduccionista» y «sin base». El juez concluyó que las únicas fuentes posibles de la información publicada por la Cadena SER eran la Fiscalía o el abogado del investigado. Sin embargo, el recurso recuerda que el correo también fue enviado a la Abogacía del Estado y conocido por otros miembros del Ministerio Público.
La teniente fiscal también subraya que la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, ya conocía la información antes que el fiscal general y le advirtió sobre la falsedad de los datos que circulaban, lo cual refuerza la tesis de que no hubo filtración intencionada.
La relevancia del contexto mediático
La Fiscalía insiste en que la actuación del fiscal general respondió a un intento de corregir una información falsa publicada por ‘El Mundo’, que atribuía a la Fiscalía la oferta de un pacto de conformidad a González Amador, lo cual —según el correo— había sido exactamente al revés.
Sánchez Conde considera “trascendente” aclarar que no existió ninguna orden política para retirar un supuesto pacto con el novio de Ayuso
Además, recalca que la publicación afirmaba que había órdenes políticas desde Moncloa, sin que Hurtado haya presentado prueba alguna que respalde esa afirmación. La inclusión de esa sospecha en el auto es para la Fiscalía un elemento “ex novo” que causa indefensión.
Críticas al proceso de instrucción
En uno de los pasajes más duros del recurso, Sánchez Conde acusa al juez Hurtado de vulnerar garantías constitucionales. Critica que no se haya dado a los fiscales investigados la oportunidad de responder a las acusaciones sobre presuntas órdenes desde la Presidencia del Gobierno y que no se propusiera prueba alguna para sustentar esa teoría.
La Fiscalía concluye que la instrucción no ha respetado los principios procesales básicos y que el auto de procesamiento debe ser anulado por falta de base jurídica y probatoria.
