El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias
En un escrito, remitido al Juzgado de Instrucción Número 10 de Madrid, el Ministerio Público ha asegurado que no ve delito en la actuación del dirigente al considerar que las manifestaciones que hizo entran dentro del “campo de libertad de expresión, aunque lógicamente moleste, inquiete o disguste”.
Las declaraciones de Iglesias tuvieron lugar el pasado 19 de abril en el marco de la presentación de su libro, editado por el periodista Aitor Riveiro, sobre varias entrevistas con el exlíder de Podemos. “La historia tiene que dirimir si pasa a la historia como un juez mediocre, que es lo que piensan buena parte de sus compañeros por la debilidad de sus instrucciones y las diferentes respuestas que obtuvo, o si por al contrario pasa a la historia como un prevaricador”, dijo el dirigente.
Para la Fiscalía, dichas palabras no suponen un “menoscabo, desprecio o descrédito” ni atribuyen delito alguno al magistrado, sino que vierten “una sombra de sospecha sobre el sentido de sus resoluciones”, recoge Europa Press.
García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, es el encargado de investigar el ‘caso Dina’, la pieza número 10 del ‘caso Villarejo’ donde se intenta esclarecer el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de Dina Bousselham -ex asesora política de Iglesias- desde que le robaron el móvil en un centro comercial en 2015 hasta que parte de su contenido apareció publicado en la prensa.
La decisión del Ministerio Público tiene lugar después de que el pasado septiembre la titular del Juzgado de Instrucción Número 10 de Madrid, María Antonia de Torres, abriera diligencias previas a raíz de la denuncia en cuestión.
La Fiscalía de Madrid estaba investigando este asunto, después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) se lo remitiera para que determinara si las palabras de Iglesias constituían o no un presunto delito de injurias o calumnias.
En aquel momento, las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explicaron que la Fiscalía se desprendió de las pesquisas después de que una abogada de la Asociación de Juristas Europeos Prolege presentara una denuncia por calumnias en los juzgados de Plaza de Castilla por los mismos hechos.
Las citadas fuentes señalaron que la juez se había limitado a abrir causa y había solicitado a la Fiscalía madrileña que le remitiese su informe manifestando si apreciaba delito o no antes de decidir si inicia una investigación.
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