Audiencia Nacional
Según ha informado el Ministerio Público, se ha remitido informe al Juzgado Central de Instrucción Número 4 en el que se pide al juez José Luis Calama que admita las tres denuncias presentadas hasta la fecha al considerar que la Audiencia Nacional es competente para investigar a la plataforma que presuntamente ayudaba a las personas a reducir su carga tributaria.
El Ministerio Fiscal, además, pide que se acumulen las tres denuncias “al darse los requisitos legales para su investigación en un mismo procedimiento” y solicita que se declare el secreto de las actuaciones para indagar en un presunto delito de estafa.
Esos escritos han sido presentados respectivamente por la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios, por la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y por la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas.
Desde Aránguez Abogados, que actúan en representación de Asociación de Usuarios de Criptomonedas y defienden los intereses de algo más de 500 afectados, cifran el fraude en más de 300 millones de euros.
El despacho aduce en su denuncia que Romillo, que se presentaba bajo el alias CryptoSpain, “alardeaba de ser un gran experto en elusión fiscal y conocedor de criptomonedas”.
Cabe destacar que esta asociación amplió su denuncia y pidió a la Audiencia Nacional que se inhibiera y que la competencia pasase al Supremo para poder investigar al propio Alvise Pérez. Según este despacho, Romillo habría manifestado “públicamente la vinculación de esta trama” con el eurodiputado, “motivo por el que argumenta y excusa la paralización de la plataforma y la no devolución del capital a los afectados”.
Por su parte, desde Zaballos Abogados –actuando en representación de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas– calculan que los estafados superan las 2.700 personas y el fraude alcanzaría los 600 millones de euros.
“Los afectados ingresaban en un supuesto club financiero de inversores. Entrar en dicho club no era barato, tenían que desembolsar la cantidad de 2000 euros al año. Éste era el gancho para ofrecerle todo tipo de publicidad agresiva y marketing falso, con el objeto de atraparlos en inversiones de una media de 100.000 euros”, sostiene el despacho.
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