Rodrigo Rato, expresidente de Bankia
Más problemas judiciales para Rodrigo Rato, encarcelado desde hace más de cuatro meses por las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid y acusado dentro del juicio por la salida a bolsa de Bankia. En otro de los frentes que tiene abierto, el de las comisiones supuestamente irregulares en los contratos de publicidad de Bankia, la Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de cárcel y multa de 2,5 millones para el expresidente del banco.
La misma sanción económica pero una pena de tres años de cárcel solicita la Fiscalía para el exsecretario de Estado de Comercio y ex consejero consultivo de la entidad José Manuel Fernández Norniella, según consta en el escrito de acusación provisional que la Fiscalía ha dirigido al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid.
El pasado 21 de febrero este juzgado ordenó el procesamiento de Rato, Norniella y otras 13 personas así como dos mercantiles en relación a los contratos firmados por Bankia en los ejercicios 2011 y 2012 con las empresas Publicis y Zenith Media en los que habría mediado una comisión de 2,02 millones de euros.
La Fiscalía destaca que Rato aprovechó su llegada a la presidencia de Caja Madrid en enero de 2010 para colocar dentro de la entidad a “varias personas de su máxima confianza a fin de permitirle un férreo control de la misma” y, particularmente, en todo lo relacionado con los contratos de publicidad sobre la expansión de la marca Bankia y de su salida a Bolsa.
Según precisa el Ministerio Público, para sacar “provecho económico personal” de los elevados costes que sabía que iban a suponer la contratación de publicidad, Rato se sirvió de tres personas con quienes mantenía “lazos personales y profesionales” desde hacía años. A través de ellos canalizaba el cobro de comisiones, coloquialmente denominadas como “astillas”, que desde las empresas contratadas por Caja Madid abonaban, para posteriormente ser ingresadas en Kradonara, una sociedad de Rato.
Esas personas serían, de acuerdo con el relato de la Fiscalía, su secretaria Teresa Arellano, el administrador de las empresas familiares del expresidente de Caja Madrid, Miguel Ángel Montero, y el propio Norniella. La fiscal también identifica a un “grupo de presión” dentro de la Dirección General de Comunicación y Marca, que se encargaba de dicha contratación, a los acusados Alberto Portuondo, Beatriz Colomer y Miguel Robledo.
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