La fiscal ha explicado que en 2024 una asociación feminista de Vigo presentó en Galicia una denuncia penal que fue remitida a la Fiscalía de Barcelona y a la de Madrid porque en ella figuraba un listado de empresas, instituciones y abogados que presuntamente se dedicaban al asesoramiento, intermediación y publicidad de la gestación subrogada.
Aunque en un primer momento se consideró que no era una cuestión penal, pues no constaba que se hubiese llevado a cabo ninguna gestación, sí que podría tratarse de publicidad ilegal, teniendo en cuenta que la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida prohíbe la gestación subrogada y que la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo prohíbe la publicidad de las agencias de intermediación, recoge Europa Press.
Sin embargo, en el listado aportado por la entidad se detectó que había intermediarios que hacían una “publicidad descarada” de esta práctica a través de empresas con sede en Barcelona, Madrid, Málaga, Guadalajara y otros lugares, en las que, además, se cosificaba a la mujer y a los propios bebés.
En el caso de la Fiscalía de Barcelona, mediante el uso de medios alternativos para la resolución de conflictos, en concreto de la mediación, se consiguió que dos de estas empresas atendieran a los requerimientos y retiraran la publicidad, procediéndose al archivo de ambos casos.
En Madrid, la Fiscalía impulsó dos demandas, una de ellas que ha acabado con una sentencia condenatoria, y otra que todavía no ha sido resuelta.
