Las asociaciones de familiares de víctimas en las residencias de Madrid / Foto: Pau Alemany
La denuncia interpuesta por la asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores se dirige contra el exdirector general de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y el doctor Francisco Javier Cid Abasolo, jefe de Geriatría del Hospital de Móstoles.
La fiscal jefe, Ana María Marín-Forero, ha citado a declarar el próximo jueves como testigo al denunciante Juan Miguel Nogués García, según ha informado la asociación en un comunicado.
La denuncia se fundamenta en la denegación de un servicio público por motivos discriminatorios, toda vez que la madre del denunciante murió «sin asistencia médica de ninguna clase como consecuencia de los denominados protocolos de la vergüenza».
Juan Miguel Nogués presentó una denuncia el 4 de junio de 2020 ante la Fiscalía de Móstoles contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y otras personas.
El 23 de junio la Fiscalía acuerda remitir diligencias a la Fiscalía Superior del Tribunal Supremo por ser competente. Posteriormente, el 8 de febrero de 2021, la Fiscalía Superior se le notifica al denunciante el archivo de la denuncia, por considerar que los hechos descritos no son constitutivos de infracción penal.
El pasado 20 de marzo, el afectado presentó una nueva denuncia basada en la denegación de un servicio público por motivos discriminatorios, basados en la edad y en el trastorno cognitivo moderado-severo que padecía.
Este delito está tipificado en los artículos 511 y 512 del Código Penal, así como en el artículo 23 de la Carta Social Europea, cuya ratificación por el reino de España, se publicó el 11 de junio de 2021 en el BOE, y que se refiere a los derechos de las personas de edad avanzada a protección social.
La pasada semana, la Fiscalía de Madrid informó en un comunicado que había presentado nueve denuncias nuevas para aclarar si se denegó asistencia sanitaria por motivo discriminatorios en la pandemia.
Por su parte, desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han reiterado durante los últimos meses que todas las denuncias sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia de Covid-19 han sido archivadas en los juzgados. Además, la consejera del ramo, Ana Dávila, ha insistido en varias ocasiones en que se está haciendo «un uso partidista» de las muertes en las residencias.
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