La causa que vincula al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez con una presunta financiación ilegal de su partido Se Acabó La Fiesta (SALF) da un paso más. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha avalado que sea esta institución la que asuma la investigación, tras recibir la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. El magistrado considera que la condición de eurodiputado de Pérez convierte al Supremo en el órgano competente para instruir el caso, en el que también aparece implicado el empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘Cryptospain’.
La financiación bajo sospecha: 100.000 euros de origen privado
Según la exposición remitida por el juez Calama, el empresario Álvaro Romillo habría entregado 100.000 euros a Luis ‘Alvise’ Pérez para la financiación de su partido Se Acabó La Fiesta, lo que podría constituir un delito de financiación ilegal de partido político. Esta cifra y su procedencia privada sin los debidos controles habrían motivado las sospechas del juzgado central.
El juez Calama destaca la existencia de una “dinámica conjunta” entre Romillo y ‘Alvise’, lo que justifica que ambos sean investigados por el Supremo
Competencia del Supremo y la conexión entre los investigados
Calama subrayó en su escrito la “íntima conexión” entre las actuaciones de Romillo y Pérez, al punto de definirlas como “la cara y cruz de una misma moneda”. Para el magistrado, no se puede entender la presunta financiación irregular sin considerar la colaboración mutua entre ambos. La Fiscalía del Supremo ha respaldado este argumento, pidiendo también que el Alto Tribunal asuma las pesquisas sobre el empresario.
Próximos pasos en la investigación
La decisión final sobre si el Tribunal Supremo abre causa formal contra ‘Alvise’ y Romillo está ahora en manos del Alto Tribunal. Si lo hace, se abriría una nueva fase judicial que podría afectar directamente a la imagen del eurodiputado y su formación, actualmente en plena campaña de crecimiento político y presencia pública.
