La Fiscalía de París ha abierto una investigación preliminar en respuesta a más de 60 denuncias presentadas desde finales de marzo por la posible mala gestión de las autoridades en relación a la pandemia de coronavirus, a la que se le atribuyen más de 29.000 fallecidos en Francia.
Las quejas atribuyen a la Administración posibles delitos como homicidio involuntario, denegación de auxilio o poner en peligro vidas. No afectan a ministros del Gobierno, que solo pueden rendir cuentas ante un tribunal especial ajeno a la justicia ordinaria.
Según el fiscal de París, Rémy Heitz, el objetivo de las pesquisas será determinar «los procesos de toma de decisiones seguidos durante la crisis sanitaria para arrojar luz en cualquier delito penal que pueda haberse cometido», sin entrar en más valoraciones.
El fiscal ha asegurado que tres de las denuncias, relativas a resiencias de ancianos, han sido remitidas a la Policía para que abran investigaciones separadas. Las autoridades estiman que casi la mitad de los muertos por COVID-19 en Francia eran residentes de estos centros o de instituciones similares.
