El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil ha anunciado que recurrirá ante la Justicia la condena a nueve años y medio de cárcel contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción pasiva y blanqueo de dinero, para quien solicitará una pena mayor.
El equipo de la Fiscalía que investiga la operación ‘Lava Jato’ ha explicado en un comunicado que va a recurrir la sentencia, manifestando su «discordancia en relación a algunos puntos de la decisión«, para «aumentar las penas» impuestas contra el exmandatario.
Los fiscales han señalado que la condena contra Lula cuentan con una «robusta fundamentación fáctica y jurídica» del delito cometido por el exmandatario y han reconocido que el proceso se llevó a cabo «con transparencia» y dando la posibilidad a la defensa de presentar «pruebas y argumentos» en favor del expresidente.
Así, el Ministerio Público ha asegurado que con esta sentencia la Justicia reconoce que «Lula recibió el valor correspondiente al tríplex y las reformas realizadas en él a título de pago de sobornos por parte de OAS» pero que también «es responsable del esquema de corrupción de Petrobras», según ha recogido Europa Press.
No obstante, ha insistido en que ha quedado de manifiesto «que los constantes ataques de la defensa del expresidente contra el juzgador, los procuradores y los delegados, forman parte de una estrategia para desviar la atención y tratar de cambiar el foco del debate hacia un supuesto antagonismo que es artificialmente creado unilateralmente por la defensa».
«Ninguna de las autoridades que actúa en el caso lo hace basándose en ningún tipo de cuestión personal», ha defendido, subrayando que el procedimiento ha sido apartidista y que su única intención era de «responsabilizar» a todos los implicados en corrupción y «devolver a las arcas públicas» la cantidad de dinero desviado «en ese gigantesco esquema criminal».
El juez Sergio Moro encontró culpable a Lula de los delitos de corrupción pasiva y por lavar un total de 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) en sobornos a raíz de contratos suscritos entre la constructora OAS y la petrolera estatal.
La defensa del expresidente de Brasil anunció previamente que también recurrirá la condena a nueve años y medio de cárcel contra el exmandatario por corrupción pasiva y blanqueo de dinero y calificó la sentencia de «especulativa» y «políticamente motivada».
Los abogados de Lula, Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixeira Zanin Martins, han insistido en la «inocencia» de Lula y han asegurado que éste ha sido «objeto de una investigación políticamente motivada» durante los últimos tres años, juicio «que ataca al estado de derecho de Brasil, a la democracia y a los Derechos Humanos básicos» del exmandatario.
Asimismo, han señalado directamente al juez Sérgio Moro, el magistrado federal que este miércoles ha concluido que existen pruebas suficientes para emitir la condena, a quien han acusado de haber dejado claros «desde el inicio» sus motivos políticos.
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