Según informa en un comunicado este jueves, la Fiscalía ha procedido a “presentar denuncia ante el órgano judicial solicitando el archivo provisional por falta de autor conocido”, recoge Europa Press.
El Ministerio Público, tras analizar el resultado de las diligencias practicadas, reconoce que agentes de la llamada Brigada Político Social detuvieron a la denunciante y a su hermana por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura, y le infligieron violencia física y psíquica con el fin de obtener información y conseguir una confesión, lo que les provocó secuelas traumáticas.
Además, considera que los hechos se llevaron a cabo en el contexto de persecución y represión política instaurada por el franquismo y en el marco de un régimen institucionalizada de opresión sistemática y generalizada, y además atribuye a la víctima la condición de víctima del franquismo, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática.
La denuncia fue presentada por Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans, con el apoyo de Òmnium Cultural y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), y está previsto que este jueves por la tarde la denunciante valore la decisión de Fiscalía en una atención a los medios.
