Cristobal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública
El escrito, dirigido al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, busca impulsar una causa que investiga posibles irregularidades en la elaboración de reformas legales presuntamente adaptadas a los intereses de clientes privados a cambio de contraprestaciones económicas.
El Ministerio Público considera necesario reforzar el análisis económico y patrimonial de las sociedades y personas investigadas para avanzar en la instrucción.
La Fiscalía solicita nuevas diligencias para profundizar en la investigación societaria y financiera
Anticorrupción insta a que la Policía Judicial recabe las hojas registrales completas, las memorias y las cuentas anuales correspondientes al periodo 2008-2025 de Equipo Económico y de otras sociedades vinculadas, entre ellas Montoro y Asociados.
Asimismo, solicita a los registros mercantiles las hojas registrales completas de hasta 13 empresas, junto con las escrituras de constitución, la información sobre titularidad real, las operaciones de adquisición y transmisión de participaciones sociales y los nombramientos de los órganos de administración de cada sociedad.
La Fiscalía considera que esta documentación es esencial para reconstruir la estructura del entramado investigado y detectar posibles vínculos económicos relevantes.
El objetivo es reconstruir la estructura societaria del entorno empresarial investigado
El escrito también reclama las hojas registrales completas de las ocho empresas gasísticas investigadas en la causa, señaladas como posibles beneficiarias de cambios normativos favorables durante el mandato de Montoro al frente de Hacienda.
Estas compañías forman parte del núcleo de la investigación, al estar relacionadas con la presunta actividad de intermediación atribuida a Equipo Económico en el proceso legislativo.
El juez instructor ha subrayado la complejidad del procedimiento por el elevado número de sociedades implicadas y la extensión temporal de los hechos analizados.
La investigación pone el foco en las empresas que habrían obtenido ventajas regulatorias
Anticorrupción solicita igualmente las escrituras de constitución y disolución del régimen económico matrimonial de varios investigados, entre ellos el propio Cristóbal Montoro, con el fin de analizar su evolución patrimonial.
Estas diligencias se suman al trabajo de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que analiza las cuentas bancarias de los investigados para detectar posibles irregularidades económicas.
La Fiscalía se ha mostrado a favor de que el juez prorrogue la investigación durante seis meses más, al considerar necesaria la práctica de nuevas diligencias, como la declaración de investigados y testigos, además de actuaciones derivadas del análisis financiero en curso.
La causa, que permaneció bajo secreto durante siete años, investiga presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental, en un procedimiento que el juez califica como sumamente complejo.
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