El Gobierno anunció el pasado viernes que estudiaba que el propio Ejecutivo pudiese personarse como acusación en juicios por violencia sexual. Este lunes, la Fiscalía muestra su descontento con esa propuesta: “La defensa y tutela de las víctimas está garantizada por la intervención del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos en los que hay denuncia, por mandato constitucional y estatutario”, recrimina en un comunicado.
“Esta ha sido, y continuará siendo, la posición y la práctica del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos penales con relación a las víctimas, muy singularmente respecto de las que lo son de delitos sexuales, llevando a cabo su defensa integral, tanto en la vertiente penal como en todos los aspectos regulados en el Estatuto de la Víctima”, continúa.
La idea del Ejecutivo socialista fue solo esbozada por la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, en la misma mañana en que quedaban en libertad los condenados por el caso de ‘La Manada’ tras el auto de la Audiencia provincial de Navarra.
De hecho, la Fiscalía de esa región recurrió la decisión de poner en libertad provisional a los condenados en primera instancia por abuso sexual contra una joven en los Sanfermines de 2016. También recurrieron ese auto el Gobierno navarro y el Ayuntamiento de Pamplona.
