La Fiscalía Anticorrupción ve probado que el BBVA pagó 10,28 millones al excomisario José Manuel Villarejo para labores de espionaje “a sabiendas de que era un policía en activo” cuando realizó los encargos. Es más, apunta a quién ordenó contratarle. Según publica El País, “habría sido ordenada, de forma opaca, por la propia presidencia del banco”, que por entonces ostentaba Francisco González.
Los fiscales anticorrupción Miguel Serrano e Ignacio Stampa, continúa el diario de Prisa, concluyen lo siguiente: “Las diligencias judiciales practicadas hasta la fecha especialmente la documental incorporada, los informes forensic preliminares y las declaraciones del investigado Antonio Béjar vendrían corroborando la solidez de los indicios delictivos en la contratación y en los pagos a Cenyt con la presunta participación coordinada de múltiples áreas del banco a sabiendas de la condición policial de José Manuel Villarejo, y de la utilización por éste de medios ilícitos para la obtención y acceso a información reservada con vulneración de sus derechos fundamentales”.
A continuación, la fiscalía detalla todos los departamentos donde hay constancia del paso de Villarejo, como Seguridad Corporativa, Riesgos y Recuperaciones, o Compras-Contratación, entre otras. En concreto, destaca “con especial protagonismo los Servicios Jurídicos, Cumplimiento y Auditoría Interna, y del máximo órgano ejecutivo de la entidad, ya que habría sido ordenada dicha contratación, y de forma opaca, por la propia presidencia del banco”.
Una idea sobre la que se incide en este sumario. “La preponderante participación de Julio Corrochano”, el jefe de Seguridad del BBVA, “vendría determinada por haber recibido directamente del entonces presidente del BBVA Francisco González Rodríguez el encargo de gestionar las contrataciones con Cenyt”, la empresa del comisario, “por sus vínculos personales con José Manuel Villarejo tras años como compañero en el Cuerpo Nacional de Policía a sabiendas de su condición policial en activo y de que sus servicios incluían el acceso a información reservada”.
