La decisión de la Fiscalía responde a la denuncia presentada en agosto por Bierzo Aire Limpio, en la que se señalaban posibles delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos conexos vinculados a la “inacción y deficiente actuación” de la Administración autonómica mientras las llamas devastaban extensas zonas de las comarcas leonesas de El Bierzo, Laciana, La Cabrera, Omaña, Valdería, Maragatería y Valduerna, recoge Europa Press.
Los incendios causaron la destrucción de miles de hectáreas de monte, graves daños en espacios protegidos de la Red Natura 2000, emisiones masivas de humos tóxicos y la pérdida de tres vidas humanas, además de graves afecciones a la salud de la población expuesta al humo durante días, según ha informado a la citada agencia en un comunicado Bierzo Aire Limpio.
Según la asociación, existen indicios “fundados” de que los responsables de la Junta de Castilla y León no adoptaron las medidas preventivas necesarias pese a disponer de los datos técnicos que permitían valorar el riesgo extremo de incendios, en un contexto de temperaturas récord y fuerte sequedad del terreno.
Falta de inversión en prevención
“El Gobierno autonómico contaba con toda la información para anticiparse, pero optó por no reforzar el operativo, a pesar de los antecedentes”, ha señalado la asociación, que ha agregado que la Junta solo había ejecutado alrededor del 48% del presupuesto destinado a la prevención de incendios forestales en agosto de 2025, mientras exige a los particulares a través de ordenanzas municipales y de los bancos de tierras mantener sus fincas desbrozadas antes del 1 de junio bajo pena de sanción.
Esta baja ejecución presupuestaria confirma, según Bierzo Aire Limpio, que la Junta no realizó ni la mitad de las tareas preventivas en el monte público, ni siquiera antes del inicio de la época de Riesgo Alto, fijada por su propio Plan INFOCAL a partir del 12 de junio.
Al mismo tiempo, ha apuntado que la Administración autonómica tampoco redobló su labor en las Zonas de Alto Riesgo, catalogadas por la propia Junta, “precisamente aquellas que terminaron siendo pasto de las llamas”. Esta posible omisión en las áreas “más críticas” demuestra, a su juicio, una “injusticia manifiesta”, al desatender los lugares donde el peligro era “más evidente”.
Al mismo tiempo, la organización ha recordado que, tras catástrofes anteriores acaecidas en la comunidad autónoma y especialmente en El Bierzo o en la Sierra de la Culebra en 2022, no se reforzó el operativo de incendios ni se aumentaron los recursos de prevención, vigilancia o personal.
“Operativo infradotado y descoordinado”
“Lejos de aprender de lo ocurrido, la Junta mantuvo un operativo infradotado y descoordinado, lo que constituye, a nuestro juicio, una inacción deliberada que agravó las consecuencias del desastre”, ha añadido. A esta falta de previsión se suma, según la denuncia, la ausencia de coordinación “efectiva” con los ayuntamientos y los servicios estatales de emergencias, lo que habría dificultado una respuesta rápida y eficaz en las horas críticas.
En este contexto, ha puntualizado que la ausencia de medios de extinción activos en zonas de riesgo extremo, “como se constató nuevamente en el incendio de Sobrado semanas después”, refuerza la tesis de una gestión “negligente”.
Además, ha explicado que Mañueco y Suárez-Quiñones, al tratarse de aforados, deben responder ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Burgos, que será el órgano encargado de valorar las diligencias e impulsar, en su caso, las actuaciones judiciales pertinentes.
