Canal de Isabel II
Los movimientos de Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II, están en el ojo del huracán de la ‘Operación Lezo’. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha determinado en su auto judicial que el 75% de la compra en 2013 de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes supuso una malversación de 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) al patrimonio público madrileño.
En el auto que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha apuntado que la compra que realizó Inassa estuvo rodeada de irregularidad, así como que se realizó “a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales”. Unas ilegalidades que ha detectado el juez Velasco y que han provocado que decretase en la noche del jueves el ingreso en prisión provisional eludible bajo el pago de una fianza de cuatro millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabell II Maria Fernanda Richmond y de 100.000 euros para el exgerente Adrián Martín.
El magistrado de la Audiencia Nacional les imputa los delitos de pertenencia en organización criminal -un cargo del que de momento no acusa la Fiscalía Anticorrupción-, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha detallado en su auto las principales irregularidades detectadas por los investigadores, como es la ausencia de autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Una compra que tampoco contaba con “razones jurídicas económicas”, así como que se realizó “a través de un entramado societario opaco”.
De la misma manera, Inassa decidió modificar el porcentaje de adquisición -del 40 al 75%- sin autorización alguna. Un movimiento en el que además “se renunció a un aval de 3 millones de euros para contingencias sin justificación alguna y sin autorización”. Una operación que tampoco estaba incluida en el Plan Estratégico del Canal Extensia.
Por último, el juez Velasco no ha pasado por alto el informe de KPMG en el que la conclusión era “llevar a la paralización inmediata de la adquisición”.
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