La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Foto: Comunidad de Madrid)
“Ese es el objetivo que persigue la Comunidad de Madrid difundiendo la identidad y una fotografía de dos periodistas de El País insinuando falsamente una conducta delictiva de estos informadores en un momento en que Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, está siendo cuestionada por el presunto fraude fiscal que ha confesado su pareja, Alberto González Amador”.
Así lo señala en un comunicado en el que la FAPE destaca que “no han sido los únicos”. Una semana después de amenazar con “triturar y cerrar” a elDiario.es, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, “ha filtrado una información falsa, según la cual, periodistas encapuchados del medio dirigido por Ignacio Escolar intentaron entrar ‘por la fuerza’ en una vivienda” de Ayuso.
“Tampoco podemos olvidar las graves acusaciones de Rodríguez contra Silvia Intxaurrondo, acusándola de cobrar en B, algo que la propia periodista de Televisión Española ha desmentido con un comunicado pidiendo a todos los medios que lo publicaron que se retractaran”, recuerda la Federación.
En su opinión, “es intolerable que se intente amedrentar a los profesionales de la información en el ejercicio de su labor, que no es otra que la de informar verazmente sobre hechos de interés público”. “En los últimos tiempos”, continúa, “estamos presenciando determinados comportamientos impropios de una sociedad democrática, en los que las amenazas y coacciones a periodistas; los bulos y las informaciones falsas para restar credibilidad a los medios y sus profesionales; y la complicidad de otros ‘medios de comunicación’, ‘periodistas’ y actores mediáticos, colaboradores necesarios para que se difundan este tipo de noticias falsas que atacan directamente a la libertad de prensa, han pasado a ser la norma”.
La FAPE advierte de que “no se silencia la verdad amenazando a periodistas”, tras lo que “además de repudiar este tipo de conductas”, anuncia que pone a disposición de los periodistas y medios agraviados sus servicios jurídicos para “emprender cuantas acciones legales consideren oportunas en la vulneración de sus derechos”. Asimismo, insta a los representantes públicos, “independientemente de su ideología”, a que “cesen el acoso contra periodistas y respeten su labor profesional, amparada por la Constitución”.
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