La exdirectora de la CAM acusa al Banco de España de intentar que la caja suspendiera los test de estrés

La exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Dolores Amorós ha asegurado que el Banco de España “intentó que suspendiéramos los test de estrés”. En el marco del juicio contra ocho exdirectivos de la entidad alicantina, Amorós ha defendido que el supervisor bancario les obligó a aplicar para el ejercicio 2011 normativa contable que el resto de entidades no tuvo que asumir hasta 2012 o 2013.

En el verano de 2011, un total de 25 entidades financieras españolas se sometieron a pruebas de esfuerzo. De ellas, y de acuerdo con los datos publicados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), CAM, Banco Pastor, Caja 3, Unnim y CatalunyaCaixa no alcanzaron los requisitos mínimos.

En ese sentido, según publica la agencia Efe, en respuesta a las preguntas de la Fiscalía y de las acusaciones, Amorós se ha referido a las cuentas del ejercicio 2011, de las que ha asegurado que conoció una cuenta de resultados “provisional”. “Nada tiene que ver la viabilidad de una empresa con la generación de beneficios”, ha añadido, en relación al plan de viabilidad presentado por la CAM al Banco de España, que contemplaba la nacionalización pero no la intervención, como finalmente ocurrió.

Se presentó una cuenta de resultados provisional, ha relatado, “a la espera de saneamientos que había que hacer, y pedimos datos al Banco de España pero no los obtuvimos”; pese a los saneamientos que se hicieron, en diciembre de 2010, se cambiaron las reglas del juego, que “llevaron a pérdidas a todo el sector”.

Y es que según Amorós, el Banco de España aplicó a la CAM normas contables más rigurosas que a otras entidades, que no tuvieron que aplicarlas hasta 2012 o 2013. Asimismo, ha asegurado que “las dotaciones para provisiones las hacía de forma automática el ordenador”, por lo que no cabe la posibilidad de que se manipularan.

También ha señalado que la fusión con las otras cajas no llegó a producirse debido a los requerimientos de capital que exigía el real decreto de febrero de 2011, en lo que ha coincidido con el ex director general Roberto López Abad, que también ha declarado hoy como imputado.

Respecto de los estados financieros del primer trimestre de 2011, Amorós ha asegurado que “no eran provisionales sino definitivos, con saneamientos no contra resultados sino contra un fondo de pérdida esperada”, como exigía la normativa; si alguien “dudaba de ello, tenía que haberlo dicho entonces”, recoge la agencia Efe.

En el escrito de acusación, la Fiscalía atribuye a López Abad y Amorós, que se ha emocionado al recordar que no recibió ninguna compensación al abandonar la caja tras 30 años, los delitos de estafa continuada agravada, falsedad documental, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil en 2010 y 2011.

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