Airbnb
El Parlamento Europeo cree que los Estados miembro deben aprovechar los beneficios de la economía colaborativa a la vez que garantizan “una competencia justa y el respeto de los derechos laborales y las obligaciones fiscales”. Los eurodiputados aprobaron ayer, con 510 votos a favor, una resolución no vinculante que recuerda que casi uno de cada de cinco consumidores europeos usa plataformas de economía colaborativa.
El texto pide admitir que existen determinadas “zonas grises” que se traducen en “diferencias significativas en las normas aplicables a nivel nacional y local y en la jurisprudencia”. Incluyen dentro de estos “nuevos modelos de negocio” basados en economía colaborativa a Airbnb en alojamientos y Uber en desplazamientos.
Para regular el sector, los eurodiputados piden fijar “criterios claros” para distinguir entre proveedores particulares y profesionales. Los primeros, ciudadanos que prestan servicios de manera ocasional, y los segundos, “con principios generales a nivel comunitario y umbrales a nivel nacional, por ejemplo el nivel de ingresos.
Creen necesario informar a los consumidores sobre el régimen jurídico aplicable a cada transacción y sobre sus derechos. Para ello, “las plataformas colaborativas deben establecer sistemas efectivos para los procedimientos de reclamación y la resolución de litigios”, reclama el texto.
En este sentido, reclama que la Comisión Europea precise “tan rápido como sea posible el régimen de responsabilidad de las plataformas colaborativas”, así como establecer condiciones de empleo justas, derecho al derecho a organizarse y a emprender acciones colectivas para los trabajadores del sector.
Impuestos para todos
Por último, pero no menos importante, el legislativo europeo recuerda el tema impositivo y pide “obligaciones tributarias equiparables para empresas que ofrecen servicios similares, sean de la economía tradicional o nuevos modelos de negocio”. Abogan por la búsqueda de “soluciones efectivas e innovadoras”, en colaboración con las plataformas, para garantizar el pago de impuestos.
“La economía colaborativa no debe verse como una amenaza para la economía tradicional”, recalca el Parlamento, que pide normas que contribuyan a promoverla, en vez de a restringirla. La Cámara condena, en este sentido, “la imposición de normas por parte de algunas autoridades públicas, que persiguen restringir la oferta de alojamientos turísticos a través de la economía colaborativa”.
Nicola Danti, socialdemócrata italiano y ponente del texto aprobado por amplia mayoría, afirmaba en la presentación que “el objetivo debe ser evitar que se apliquen reglas diferentes a servicios similares, tanto en lo referido a acceso al mercado como a la fiscalidad, para asegurar condiciones de competencia justa entre los operadores digitales y los tradicionales”.
Según el Eurobarómetro, el 17% de los consumidores europeos han utilizado servicios de la economía colaborativa y el 52% conoce los servicios ofertados. Según cálculos de la Comisión, el alojamiento de particular a particular es el sector más importante en relación con el comercio generado, mientras que el transporte es el mayor en cuanto a ingresos por plataforma.
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