Banderas de la Unión Europea
El pleno del Parlamento Europeo ha pedido este jueves que se pongan en marcha directrices y normas comunes sobre el teletrabajo para garantizar unas condiciones laborales «dignas», en especial en cuanto al respeto a las horas de trabajo, las vacaciones, la conciliación familiar y el «derecho a la desconexión».
Los eurodiputados han aprobado un informe sobre empleo y políticas sociales en la eurozona (466 votos a favor, 189 en contra y 32 abstenciones) que apunta que la pandemia «ha puesto de manifiesto la importancia de las soluciones digitales, en particular el teletrabajo, y la necesidad de establecer normas a ese respecto a nivel europeo.
Según la Eurocámara, unos regímenes de trabajo flexible debidamente regulados, el teletrabajo y los puestos de trabajo sin una ubicación específica «pueden desempeñar un papel importante en la preservación del empleo, apoyar un mejor equilibrio entre vida profesional y privada, contribuir a la reducción de las emisiones de CO2, mejorar las oportunidades laborales de personas discapacitadas y servir como herramienta para abordar la despoblación rural».
Por ese motivo, insta a la Comisión Europea a proponer una «agenda» de la UE sobre el teletrabajo que incluya un «marco legislativo» para garantizar unas condiciones laborales «dignas», entre las que cita el respeto a las horas de trabajo, las vacaciones, la conciliación y el derecho a la desconexión.
En este contexto, el informe aboga por prestar «una especial atención» a los grupos de la población que durante la pandemia «han experimentado las mayores dificultades para conciliar vida laboral y vida familiar al teletrabajar», como padres con niños, progenitores solos y cuidadores informales que proporcionan cuidados continuos a familiares dependientes.
A nivel general, los eurodiputados piensan que las políticas laborales de la etapa post Covid deben «allanar el camino» de una nueva «era» en la que la UE cumpla sus objetivos «sociales». Así advierten, deben destinarse más fondos para conseguir que la recuperación sea «innovadora, justa socialmente y «responsable» desde el punto de vista del medio ambiente.
En la misma línea, sugieren a los Estados miembros que elaboren «planes específicos de progreso social» con «objetivos claros» que informen de a qué se destinarán las inversiones sociales y cómo se aplicarán los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales.
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