Banderas de la Unión Europea
“Será más rápido y más fácil para un estado miembro solicitar que la propiedad de un delincuente en otro estado miembro sea congelada o confiscada, respecto a las actuales medidas de la UE”, defiende el Parlamento Europeo sobre las nuevas reglas propuestas este jueves por el Comité de Libertades Civiles.
El texto acordado introduce fechas límite más estrictas, un certificado estándar para acelerar el procedimiento y amplía la tipología de activos que se pueden incautar o confiscar.
Pone gran atención en los plazos: los eurodiputados quieren que los países miembros que reciben una orden para congelar o confiscar unos activos se vean obligados a ejecutarla en un plazo menor de 20 días, a diferencia de los 60 que había propuesto la Comisión Europea.
No obstante, el texto creado por el legislativo de la UE contempla que ese plazo pueda posponerse en el caso de que la confiscación perjudicase a una investigación penal en curso.
Por otro lado, la Eurocámara quiere que la compensación a las víctimas sea una prioridad: “Serán las primeras en recibir una compensación cuando se acceda a los activos confiscados”. En el caso de incautaciones superiores a los 10.000 euros, el dinero restante tras las compensaciones a víctimas será repartido en un porcentaje 70%-30% entre el Estado que solicita la congelación y el que la ejecuta, respectivamente.
“El dinero procedente de organizaciones criminales debe ser bloqueado y este reglamento es una herramienta clave para combatir la financiación de las actividades delictivas, incluido el terrorismo”, defendió en la Cámara la relatora del proyecto normativo, Nathalie Griesbeck, del grupo de los liberales ALDE.
La eurodiputada confía en que esta “posición ambiciosa” del Comité de Libertades Civiles permitirá una respuesta coordinada a nivel europeo “en un asunto clave”. El texto también pide reutilizar los activos confiscados para fines sociales.
Sobre el contexto, el Parlamento Europeo recuerda que la congelación e incautación de propiedades y capital es una “forma eficiente de evitar que los terroristas lleven a cabo ataques o de obstaculizar otro tipos de delitos”. Sin embargo, la Europol calcula que solo el 1,1% de todo el dinero del crimen en la UE acaba siendo confiscado.
La norma que ahora acomete la UE procede de una propuesta de la Comisión a finales de 2016 como parte de su Plan de Acción contra la Financiación del Terrorismo, pero también reemplaza otras dos normas e introduce nuevas medidas para que los Estados miembros deban realizar confiscaciones mutuas en más casos: “Incluso si los activos no son ingresos directos del crimen, si los activos pertenecen a un tercero e incluso si no hay condena concreta, por ejemplo en el caso de sospechosos que huyen.
El Parlamento comenzará “inmediatamente” las conversaciones sobre esta norma con los ministros de la UE “dado que el Consejo ya adoptado su enfoque general sobre el tema”, explica la Eurocámara, seis meses después de lo cual estas medidas serán efectivas.
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