Imagen de archivo de la Eurocámara
Tras discutir cinco peticiones ciudadanas sobre la reforma educativa en España, la presidenta de Peticiones, Dolors Montserrat, ha pedido un dictamen sobre las cuestiones discutidas en la Eurocámara y que se investigue si existe vulneración de derechos. Igualmente, ha reclamado al Ministerio de Educación que certifique que la nueva ley no incurre en vulneraciones de derechos.
El asunto se mantendrá en el Parlamento Europeo, pues Montserrat ha decidido derivar a la subcomisión de Libertades Civiles las demandas ciudadanas, al entender que las denuncias afectan a derechos fundamentales en la UE.
La ley Celaá ha llegado a la Eurocámara de mano de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), ‘Más Plurales’, la Asociación de Familias Numerosas, la Asociación Católica de Propagandistas y de ‘Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN’, que han criticado distintos aspectos de la reforma, entendiendo que conculca derechos fundamentales.
El PP ha apoyado las peticiones, alegando que la ley española conculca la carta de derechos fundamentales de la UE y daña el pluralismo, tratando de «imponer un modelo basado en la monopolización», según ha dicho la eurodiputada y exministra de Educación, Pilar del Castillo. Mientras que Isabel Benjumea, también del PP, ha criticado que la Comisión Europea se «lave las manos» ante una vulneración de derechos y libertades.
Maite Pagazurtundúa, de Ciudadanos, ha criticado que la ley se ha tramitado «de forma deficiente», sin escuchar a los actores sociales y ha criticado el papel que da a la educación especial. Por ello, se ha manifestado a favor de que la petición siga viva en la Eurocámara.
Vox también ha respaldado la petición, con fuertes críticas de su eurodiputado Jorge Buxadé a una ley que, a su juicio, consolida un modelo que es «un callejón sin salida» y que «genera fracaso y obediencia a la ideología del sistema». Y por eso ha defendido la libertad de los padres a elegir centro frente a una ley que promueve la «igualdad en la miseria intelectual».
En contra se ha expresado la izquierda, con duras críticas desde el PSOE por lo que ha llamado el uso de la Comisión de Peticiones como «cámara de tercera lectura» de las leyes españolas. La socialista Cristina Maestre ha señalado que es «falso» que la ley vaya a acabar con la concertada, vaya a cerrar centros de educación especial y elimine la religión.
De su lado, la eurodiputada de Podemos, Eugenia Rodríguez Palop, ha acusado a PP, Ciudadanos y Vox de hacer una «performance» en la Eurocámara y de enmascarar un «interés de clase» en un debate sobre la libertad de enseñanza.
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