Este martes se ha constituido la comisión de investigación centrada en el uso del software de la empresa israelí NSO, una iniciativa pactada hace meses, pero que arranca justo cuando se conocen nuevos casos como el ciberataque contra el móvil del comisario de Justicia, Didier Reynders, y el que afecta a los líderes del movimiento separatistas en Cataluña, incluidos los actuales eurodiputados Toni Comin, Jordi Solé y Diana Riba.
De hecho, la eurodiputada de ERC será la segunda vicepresidenta de la comisión, mientras que la presidencia ha recaído sobre el ‘popular’ neerlandés, Jeroen Lenaers, y la vicepresidencia sobre el socialista húngaro, Sándor Rónai, recoge Europa Press.
La comisión de investigación se marcó como objetivo recopilar información sobre la medida en que los Estados miembros, incluidos, entre otros, Hungría y Polonia, han participado de estas prácticas, pero el presidente ya ha confirmado que se estudiarán más casos, en referencia al caso que afecta al movimiento independentista.
“Solo en las últimas semanas hemos visto más informaciones, también el caso de 65 políticos, incluyendo eurodiputados (…) Hay mucho que investigar y tenemos un mandato claro y fuerte para ello”, ha recalcado Lenaers.
De hecho, en un comunicado, el grupo parlamentario Liberal ya ha avanzado que el Ejecutivo español tiene que aclarar si es cliente de NSO y “debe realizar una investigación independiente sobre el uso de Pegasus contra los catalanes identificados en la investigación”.
En una rueda de prensa previa, Riba ha señalado que el supuesto espionaje contra ella y otros eurodiputados independentistas es un atentado contra la propia Eurocámara y la ciudadanía europea que “no puede quedar impune”. “Exigiremos aclaraciones y responsabilidades al Estado español”, ha declarado.
En la comisión participa también el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, quien ha indicado que en Europa “la democracia está en riesgo” cuando se revela que Estados miembros “violan masivamente los derechos fundamentales”.
En este sentido, ha hecho un paralelismo entre España y otros países del bloque como Polonia y Hungría, para decir que la UE “no puede defender el Estado de Derecho, cuando lo viola”.
En su turno, el eurodiputado del PP y exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha declarado que el uso de Pegasus “no es propio de democracias europeas sino de tiranías de la vigilancia” y ha defendido que España es una “democracia consolidada» con un “profundo respeto al estado de Derecho”.
“Cualquier intervención se hace siempre con el amparo de la ley y plenas garantías judiciales”, ha subrayado, para recordar que los propios expertos de ‘CitizenLab’ no tienen evidencias concluyentes para apuntar al Gobierno de España.
