La exconsellera catalana Clara Ponsati, afincada en Escocia
El Parlamento Europeo ha iniciado formalmente este jueves el procedimiento para evaluar la petición de suplicatorio remitida por el Tribunal Supremo contra la exconsellera catalana, Clara Ponsatí, huida de la Justicia española y que ha participado desde este lunes en su primera sesión plenaria como eurodiputada. En concreto, la vicepresidenta de la Eurocámara Nicola Beer ha comunicado al Hemiciclo al inicio de la sesión que las autoridades españolas han pedido el levantamiento de su inmunidad, abriendo de esta forma un proceso que durará meses.
«Las autoridades españolas responsables han remitido una solicitud al presidente para levantar la inmunidad de la señora Ponsatí para poder facilitar la tramitación de un procedimiento penal. De acuerdo con el reglamento interno, se remitirá esta solicitud a la comisión parlamentaria responsable», ha dicho, como único anuncio antes de dar paso al primer debate del día.
Así, el siguiente paso es que el asunto llegue a la comisión de Asuntos Jurídicos, cuya primera labor será nombrar al ponente que elaborará el informe que será sometido a votación, tanto en la misma comisión como después en el pleno.
La siguiente reunión de esta comisión europarlamentaria es el próximo lunes y será en ese momento cuando, previsiblemente, se nombrará al ponente de la futura resolución. Aunque también cabe la posibilidad de que sea el mismo que se encarga ya de los suplicatorios del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, el conservador búlgaro Angel Dzhambazki.
El caso se trata a puerta cerrada e incluye la posibilidad de que el afectado comparezca entre cinco y diez minutos en una audiencia a la que puede acudir acompañado por un abogado que le asesore o puede designar a otro eurodiputado para representarle.
Una vez que el ponente ha redactado su recomendación, ésta se discute también a puerta cerrada y se somete a votación. El informe finalmente se eleva al pleno para decidir si se aprueba o no el suplicatorio, en un voto a mano alzada que se resuelve por mayoría simple.
Las reglas de la Eurocámara permiten rechazar un suplicatorio si está motivado por opiniones o votos del eurodiputado en el ejercicio de sus funciones y también si se da un caso de ‘fumus persecutionis’, es decir, cuando se concluye que la intención de la petición es «perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución».
El Parlamento europeo recibió a lo largo de la pasada legislatura 55 suplicatorios de autoridades judiciales de los Estados miembro solicitando que se levantara la inmunidad de alguno de sus eurodiputados y solo rechazó suspender esta protección en cinco de los casos.
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