Imagen de archivo de la Eurocámara
La normativa ha salido adelante con 52 votos a favor, mientras que otros 24 eurodiputados han votado en contra. Está previsto que el voto definitivo por parte del pleno tenga lugar en la sesión prevista para los días 23 y 24 de junio, según ha informado la comisión parlamentaria en un mensaje compartido en la red social Twitter.
De esta forma, la Eurocámara ha dado el primer paso para aprobar formalmente la primera ley climática de la UE, que fue acordada con los Estados miembros a finales de abril. De hecho, los países del bloque también deben dar su visto bueno a la ley para que pueda entrar en vigor.
La ley climática de la UE es la normativa central del Pacto Verde Europeo y el pilar fundamental de la lucha del bloque contra el cambio climático. En concreto, establece el objetivo de lograr en 2050 la neutralidad climática: reducir al máximo las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y conseguir que las restantes sean absorbidas, por ejemplo, por la acción de los bosques.
En la senda para lograr la neutralidad, la ley establece un objetivo intermedio para el final de esta década que será del 55%. Esta disminución de las emisiones será «neta», un aspecto que levanta las críticas de las organizaciones ecologistas, que denuncian que eso supone que el esfuerzo real será menor.
Además, el acuerdo contempla que la Comisión Europea propondrá si lo considera adecuado una nueva meta intermedia para 2040 como muy tarde seis meses después de que se haga el primer balance global de los avances conseguidos en el marco del Acuerdo de París.
Junto a la trayectoria de reducción de emisiones, la ley climática subraya la necesidad de fortalecer la capacidad de los sumideros de carbono a través de una actualización del reglamento sobre el uso de la tierra y la silvicultura, que el Ejecutivo comunitario quiere proponer en junio de este año.
Otros aspectos de la ley climática europea son el compromiso para tener emisiones negativas de gases de efecto invernadero después de 2050, la creación de una junta independiente de asesoramiento científico sobre cambio climático, disposiciones «más fuertes» sobre la adaptación al cambio climático y la búsqueda de una mayor coherencia de las políticas de la UE con el objetivo de la neutralidad climática.
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