El Parlamento Europeo ha criticado que los Estados miembros hayan frenado el plan de la Comisión Europea para ampliar la lista de países que no cooperan contra el lavado de dinero. En concreto, el pleno ha aprobado a mano alzada una resolución, no vinculante, días después de que el Consejo de la UE, rechazara incluir a 23 países en actualización de esta lista negra, entre ellos Arabia Saudí.
La Comisión Europea había presentado la propuesta inicial, al considerar deficiente la legislación de dichos países en materia de lucha contra el blanqueo. En ese sentido, el texto destaca el trabajo del Ejecutivo comunitario, que a su juicio preparó una lista usando “criterios estrictos”, que en el pasado fue aceptada tanto por el Consejo como por el Parlamento.
Los eurodiputados reconocen las presiones diplomáticas desde los países afectados, pero hacen hincapié en que esas acciones no pueden dinamitar la capacidad de las instituciones comunitarias para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Por ello, recalcan que la evaluación y la toma de decisiones en este ámbito debe basarse únicamente en la metodología adoptada de común acuerdo.
Además, la resolución apunta a Rusia, que no fue incluida en la propuesta de la Comisión, y señala que varias comisiones parlamentarias han expresado inquietud por la debilidad del marco legislativo ruso en el área del blanqueo y la financiación terrorista.
La propuesta de lista negra de la Comisión incluía 23 países en alto riesgo de facilitar el lavado de dinero: Afganistán, Etiopía, Irán, Iraq, Corea del Norte, Pakistán, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, y Yemen (todos ellos ya incluidos), además de Samoa Americana, Bahamas, Botsuana, Ghana, Guam, Libia, Nigeria, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudí, y las Islas Vírgenes estadounidenses.
La inclusión de un país en la lista no supone la activación de sanciones económicas o diplomáticas, pero exige que entidades como bancos, casinos y agencias inmobiliarias apliquen medidas de diligencia debida sobre las transacciones que les afectan. Sin embargo, los Estados miembros aducen que el proceso de actualización de la lista no fue claro y que podría ser cuestionado jurídicamente. Pero existe preocupación de que algunos países de la UE recibieron fuertes presiones, especialmente desde EEUU y Arabia Saudí.
La Comisión deberá ahora presentar una nueva lista, idéntica o modificada, y el Parlamento y el Consejo tendrán un mes de plazo para aprobarla u oponerse.
