“España sigue registrando unos niveles de desempleo y precariedad laboral desproporcionadamente altos que están partiendo nuestra sociedad en dos y condicionando la prosperidad de todo el país”, señala el texto que ha sido presentado hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Los autores del informe plantean unos objetivos ambiciosos para las tres próximas décadas en materia laboral. Así, frente a una tasa de desempleo que se ha situado en el entorno del 18% entre 2015 y 2019, la intención es bajarla al 12% para 2030, al 10% en 2040 y al 7% en 2050. España se situaría así más en línea de sus socios europeos: actualmente la tasa de paro de la Unión Europea se encuentra en el 7,3%.
El problema del paro podría verse agravado además en las próximas décadas por efecto de las “transformaciones demográficas y tecnológicas que irán produciéndose”, destaca el informe. “Si no aumentamos la inserción laboral de nuestra población, el envejecimiento podría provocar una caída de los ocupados a un ritmo del -0,5% anual de aquí al 2050, frente al incremento del 2,0% que tuvimos entre 1995 y 2019”. Para evitar este escenario, “habrá que elevar la tasa de empleo de las mujeres, los jóvenes y las personas mayores de 55 años; incentivar la inmigración legal; y potenciar la recuperación y atracción de talento”.
Así, será necesario, por ejemplo, reducir el paro juvenil del 40% a apenas el 14%. Menos agresiva será la mejora en la tasa de temporalidad, en la que el objetivo es pasar del 26% al 15%. En lo que respecta al desafío de la incorporación plena de la mujer al empleo, los autores plantean un objetivo de aumentar la tasa de empleo de las mujeres del 57% al 82%, al tiempo que se cierra la brecha de género en los salarios. Actualmente la brecha salarial es del 14%, y la intención es ir reduciéndola aproximadamente en unos cinco puntos porcentuales cada década: un 10% en 2030, un 5% en 2040 y finalmente un 0% en 2050.
Por otro lado, el estudio señala que “la generalización de las tecnologías digitales dará lugar a una fuerte modernización de nuestro tejido productivo que, en el corto plazo, podría derivar en pérdidas de puestos de trabajo y un empeoramiento de las condiciones laborales de determinados colectivos”. Para evitarlo, “habrá que llevar a cabo una fuerte ampliación de las políticas activas de empleo, adecuar el marco normativo, y adaptar las redes de protección social para que protejan a las personas y no a los puestos de trabajo”.
La falta de productividad lastra el crecimiento
Los autores del informe avisan además de que España “sigue teniendo hoy un nivel de productividad considerablemente inferior al de sus vecinos europeos”, algo que “explica los menores salarios, las jornadas laborales más largas, y la baja competitividad de muchas de nuestras empresas”. A ello se suma además el envejecimiento de la población. Por ello, “en ausencia de mejoras de productividad, esta contracción de la fuerza laboral podría hacer que nuestra economía se estancase entre 2023 y 2050, con un crecimiento anual del PIB de entre el 0,3% y 1,1%; un crecimiento muy inferior al 2% que tuvimos entre 1996 y 2019, que nos alejaría todavía más de los países avanzados de Europa”.
Para evitar este escenario negativo, los expertos abogan por hacer una “apuesta decidida y contundente por la educación, multiplicar sus esfuerzos en I+D, acelerar la modernización del tejido productivo aprovechando las oportunidades de la digitalización y la transición ecológica, fomentar el crecimiento de sus pequeñas y medianas empresas, reducir al máximo las distorsiones generadas por las trabas administrativas, y atajar con éxito el problema de la economía sumergida”.
La jubilación y el aumento de la longevidad
El documento aborda también el futuro del sistema de pensiones y destaca, para empezar, que en España “los 65 años siguen marcando la transición de la vida en activo a la vida en jubilación”. Una “brusca transición entre la vida laboral y la jubilación”, afirma, que “no se adecúa a una época en la que la mayoría de las personas llegan a esa edad en buenas condiciones físicas y psíquicas”. “La visión de la vejez como una etapa de decadencia uniforme, dominada por la enfermedad y la inactividad, tiene cada vez menos vigencia”.
Atendiendo al ámbito laboral, esto “implica que cada persona pueda decidir si quiere o no seguir trabajando una vez cumplida la edad legal de jubilación, y establecer los mecanismos y las condiciones necesarias para que pueda hacerlo en una situación favorable”.
Ante esto que sostiene que “empieza a cobrar forma un nuevo paradigma, más flexible y personalizado, que tiene en cuenta las diferentes circunstancias sociales, económicas y de salud de cada individuo y sus preferencias, con independencia de su edad”. Se trata el “envejecimiento activo”. Una fórmula con la que “se conserva a una población trabajadora valiosa y experimentada”, se reduce el gasto público en pensiones y aumenta la fuerza laboral. Y todo, apunta, sin afectar a los jóvenes.
“La mayor participación laboral de las personas mayores no va en detrimento del empleo de los jóvenes”, sostiene. “Una vez lleguen las cohortes más pobladas del baby boom a la edad de la jubilación, sí constituye un desafío importante, que tendrá que ser resuelto mediante el diálogo social, el rediseño de las políticas públicas y una revisión de las realidades materiales e inmateriales que rodean a la jubilación”.
En este sentido enumera varias opciones de sistemas mixtos que complementan la pensión pública con privadas por Europa. No obstante, los autores del informe no aportan posibles soluciones y dejan esta cuestión en manos del Pacto de Toledo.
