Instalaciones del gasoducto Nord Stream 1 en la estación receptora de Lubmin, en Alemania. El gasoducto que provee a Alemania desde Rusia se cerrará por tareas anuales de mantenimiento el 11 de julio, por un lapso previsto de unos diez días. Foto: Jens Büttner/dpa
La Comisión Europea ha planteado que todos los estados miembros reduzcan un 15% su consumo de gas entre el 1 de agosto y el 31 de marzo del año que viene, sin importar su grado de dependencia en el gas ruso. Transcurrido este periodo, si no se ha cumplido el objetivo de manera voluntaria, la petición se traducirá en obligación. El Ejecutivo comunitario alude al principio de solidaridad, pero los países del sur del continente, a los que bautizaron con el acrónimo despectivo PIGS cuando estalló la crisis de 2008, se han aliado para que esta medida no salga adelante.
“A diferencia de otros países, los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético”, afirmó esta semana la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en una velada burla a Alemania, el país europeo con mayor dependencia al gas ruso. “No podemos asumir un sacrificio desproporcionado sobre el que ni siquiera se nos ha pedido una opinión previa”, ha asegurado el secretario de Energía de Portugal, João Galamba.
Mientras, el portavoz del Gobierno griego, Yannis Ikonomu, mostró también este jueves el rechazo de su Ejecutivo al plan de la Comisión y destacó que Grecia ha hecho otras propuestas, que aspiran a imponer reglas en los precios del gas natural a escala europea, y también a avanzar hacia su almacenamiento conjunto.
En el caso de Italia, aunque el ministro en funciones de Transición Ecológica, Roberto Cingolani, no se ha pronunciado de manera oficial sobre el tema, en medio de la crisis política que vive el país. Pero el periódico Euronews asegura que hay preocupación en el Ejecutivo italiano por la obligatoriedad de la medida y su intención es pedir “flexibilidad” por sectores o en tiempo.
“Establecer un porcentaje de reducción igual para todos supondrá, paradójicamente, una carga más pesada para los países más virtuosos, los que han avanzado más en términos de eficiencia energética y en reducción de consumo de gas”, asegura este diario.
El ministro alemán de Energía, Robert Habeck, replicó ayer: “En Europa debemos ahorrar gas y eso significa que incluso los países que no se ven directamente afectados por el corte de suministro desde Rusia deben ayudar a otros países. De lo contrario, no hay solidaridad europea”.
Bruselas se ha visto presionada para encontrar formas de contrarrestar las graves perturbaciones económicas en todo el bloque en caso de que Moscú siga recortando el suministro de energía. Pero, a medida que se acerca el invierno, la petición a los Estados miembros de que reduzcan el consumo de gas en un 15% supone una primera prueba del frente unido de la UE frente a la guerra de Rusia contra Ucrania.
La semana pasada Hungría declaró la emergencia energética y prohibió las exportaciones a otros Estados de la UE. Según informa Financial Times, el instituto Századvég, un grupo de reflexión vinculado al partido gobernante Fidesz de Budapest, afirmó el jueves que la última propuesta de Bruselas vulneraba los derechos fundamentales de la UE. El mismo día, el ministro de Asuntos Exteriores del país, Peter Szijjártó, se reunió en Moscú con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, para pedirle más suministros de gas.
“La Comisión Europea, que ataca a Hungría con acusaciones infundadas sobre el Estado de Derecho, presentó un plan que ignora la legislación de la UE, que viola los derechos fundamentales, así como la soberanía individual y nacional”, dijo.
París no ha manifestado públicamente su oposición al plan, aunque la ministra de Energía, Agnès Pannier-Runacher, dijo el miércoles que “debemos anticiparnos y coordinar nuestras acciones antes de fijar objetivos iguales para todos”.
“La solidaridad está en peligro porque los Estados miembros ya han dicho que no están de acuerdo con los objetivos”, aseguró a Financial Times Phuc-Vinh Nguyen, investigador del Centro de Energía Jacques Delors. “Va a haber un coste económico y si todos los Estados miembros actúan por su cuenta costará más que una solución en conjunto. Si la industria alemana se hunde, por ejemplo, toda la economía de la UE caerá en general”, ha advertido.
Según las normas de la UE, la propuesta de la Comisión debe ser aprobada por el 55% de los países de la UE o por los gobiernos que representan el 65% de la población de la UE en una reunión de emergencia de los ministros de Energía la semana que viene. Pero hay muchas dudas acerca de su aprobación.
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