La Mesa de la Profesión Enfermera quiere que la Comunidad de Madrid cese de una vez por todas su ofensiva para que las farmacias de la región puedan realizar test del covid-19. La institución, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha exigido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que lo deje ya, que ponga fin a su “interés desmedido” y se centre en resolver los “graves problemas” de la sanidad madrileña. Entre ellos, las listas de espera.
El colectivo de enfermeras ha exigido públicamente al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que acabe con su “hostigamiento permanente” al Ministerio de Sanidad para que apruebe que se puedan hacer test de coronavirus en las oficinas privadas de farmacia. Una petición ante la que la Mesa recuerda que “no están autorizadas legalmente ni tienen garantías sanitarias y tampoco sus trabajadores están habilitados para ello”.
Para la institución, hay “múltiples problemas” de seguridad para los ciudadanos y los propios trabajadores de las farmacias, además de “riesgos de contagio y propagación del virus”. Sin olvidar que incumpliría varias leyes, como la relativa a la protección de datos.
Ante esto, la Mesa Enfermera censura el “comportamiento de persistencia obsesiva e interés desmedido, cuanto menos sorprendente”, del que hace gala Escudero para que las farmacias realicen estos test, con los que aumentaría “sustancialmente el negocio de las empresas privadas de farmacias”. “Lo quiere a toda costa y en contra de los criterios solventes y cualificados de las organizaciones referidas anteriormente, incluidas asociaciones e instituciones autorizadas en materia de salud pública”, critica.
En su opinión, defiende en un comunicado, el titular de Sanidad de Ayuso “debería dedicar toda su energía a resolver los múltiples problemas que sufre desde hace tiempo la sanidad madrileña en lugar de favorecer espacios de negocio a las farmacias privadas con la realización de los test. Así, SATSE y CGE recuerdan la lista de espera de más de 60.000 pacientes “esperando para ser intervenidos” o las más de 138.000 personas para ser vistos en consultas externas que hay en la Comunidad, según los últimos datos del Gobierno.
A esto hay que añadir, continúan, que Madrid es la región que menos dinero gasta por habitante en su sanidad pública, “con un 3,6% sobre su PIB, lo que supone 1.274 euros por habitante”. Frente a esto, la media española se sitúa en el 5,9%, “o lo que es lo mismo, 1.416 euros por habitante”. Además, la ratio de enfermeras y enfermeros también se sitúa lejos de la media europea (4,2 por 1.000 habitantes en la comunidad frente a casi nueve). El número de camas existentes en los hospitales de Madrid tampoco es “un ejemplo a imitar”, ya que “se encuentra también a la cola de España, con 1,9 camas por 1.000 habitantes cuando la media es de 2,4 y hay autonomías con más de tres camas por 1.000 habitantes”.
Para la Mesa, Escudero “debe centrar sus esfuerzos y energías en destinar más y mejores recursos a la sanidad pública en lugar de insistir en derivar actividad sanitaria a la empresa privada farmacéutica”. Tal y como sostiene, a esto tendría que ocuparse y no poner “tanto ahínco y persistencia para que las farmacias de Madrid mejoren su cuenta de resultados con la realización de test” del covid.
Tras esto, el Consejo General de Enfermería y SATSE envían otro mensaje a Salvador Illa, a quien solicitan que “no acceda bajo ninguna condición a que las farmacias privadas, como establecimientos comerciales que son, puedan realizar test de detección” del coronavirus tras el rechazo mostrado por organizaciones científicas y profesionales y de salud pública. Lejos de contribuir a mejorar la situación, “añadiría mayor inseguridad, riesgos de contagio y confusión a los ciudadanos”, sin olvidar que provocaría “una mayor sobrecarga y saturación a los profesionales” en los centros de salud.
