Esta ratio del 15,8% suponen para España 212.900 millones de euros, mientras que el 17,7% de la UE implica que 2,85 billones de euros quedan al margen de las normativas fiscales y laborales.
Esta cantidad anual de la UE equivale al doble del PIB español, es decir, duplica las rentas generadas por todos los factores productivos en el territorio nacional. «Son dos veces el PIB de la cuarta economía de la Unión», se explica en el estudio.
En cualquier caso, España siempre se ha situado por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto a economía sumergida, con una ratio que ha caído del 21,9% en 2004 –primer dato disponible– al 15,8% en 2022, unos seis puntos porcentuales menos, acercándose más a Francia (14,2%) que a Italia (20,3%).
Desde el primer dato recogido en 2004 (21,9%), la economía sumergida en España no ha dejado de descender, excepto en 2020 que se elevó al 17,4% en un año marcado por la pandemia, desde el 16,6% registrado en 2018.
Por comunidades autónomas, las que registran mayores ratios de economía sumergida sobre el PIB en 2022 son Canarias y Andalucía, con el 17,9% ambas, seguidas de Extremadura (17,8%) y Murcia (17,4%). En el extremo contrario, las tasas más bajas las anotan la Comunidad de Madrid (13,8%); País Vasco (13,9%), Cataluña (14,4%) y Navarra (14,6%).
El estudio constata que la agricultura es, con diferencia, la opción más elegida dentro de las actividades económicas que sufren economía sumergida. En un distante segundo escalón se encuentran los servicios domésticos y la hostelería. Por su parte, las ramas industriales, el transporte y el comercio son los sectores con inferior tasa de irregularidad.
Asimismo, la investigación revela que, entre las irregularidades más comunes, destacan las fiscales, la no compensación de las horas extras, el cobro parcial del salario fuera de nómina o la mayor carga horaria de la legal o pactada.
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