La redacción de Televisión Española lleva más de dos años con una estructura paralela donde se ha llevado a cabo todo tipo de censuras y manipulación informativa. Esa estructura está formada por periodistas ‘ajenos’ a RTVE y procedentes de medios afines a la ideología del Partido Popular, como Intereconomía, Telemadrid o Libertad Digital.
Esta es la razón por la que muchos trabajadores de la Corporación no se han visto particularmente sorprendidos – sí indignados – por la noticia de que Ignacio González habría colocado a una periodista de su confianza en RTVE para que defendiese su imagen y sus intereses. Al menos eso es lo que confiesan, lastimosamente, varios de sus trabajadores a elboletin.com.
A pesar de las sospechas que puedan tener sobre quién es la persona ‘enviada’ por Ignacio González, que las tienen, lo más relevante del auto del juez Eloy Velasco en la operación Lezo es que se constata que las denuncias realizadas por el Consejo de Informativos durante los últimos años son ciertas.
Así lo asegura a elboletin.com una de las personas presentes en el Consejo, órgano que ha exigido este martes, a través de un comunicado, las explicaciones del actual director de los servicios informativos de RTVE, José Antonio Álvarez Gundín.
El Consejo de Informativos afirma que desde la llegada de Gundín a su actual cargo, las contrataciones políticas se han ido sucediendo. Algo que niega el señalado, que asegura no dedicarse a «colocar» a nadie y velar por los principios de calidad profesional, independencia y pluralidad.
Sin embargo, el Consejo de Informativos de TVE destaca que los responsables de la Corporación, empezando por el mismo Director, no han iniciado inmediatamente una investigación sobre las acusaciones que vierte el juez Eloy Velasco en su auto, donde mezcla «el buen nombre de la televisión pública con una operación contra una organización criminal».
Lo que denuncia el auto judicial es que, presuntamente y en contra de lo afirmado por el Director de los servicios informativos, se contrató a una periodista por razones exclusivamente políticas y no profesionales, con el encargo explícito de defender desde RTVE los intereses de un partido político concreto, el PP de Madrid. Y se hizo utilizando dinero público.
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