El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Congreso de los Diputados. (Foto: Congreso)
La diligencia, que ha dado lugar a dos querellas contra Peinado por presunta prevaricación –una por parte de Sánchez que firma la Abogacía del Estado y otra de su mujer–, duró apenas dos minutos, según el audio de la misma, al que ha tenido acceso Europa Press.
“Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor?” comenzó el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. “Pedro Sánchez Pérez Castejón”, contestó él. “Se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración, si usted desea declarar, por lo que le informaré a continuación”, continuó el juez.
Según le explicó, “existen en este momento tres personas que tienen la condición de investigadas” para preguntarle si tenía relación con alguna. “La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad?”, indicó. “Es mi esposa”, respondió Sánchez.
En cuanto a los otros investigados, el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, el jefe del Ejecutivo aclaró que no tenía relación con ninguno, recoge la citada agencia.
Tras ello, Peinado le informó de que, al ser su mujer una de las investigadas, estaba dispensado de declarar “en todo aquello que pudiera perjudicarle”, también en lo referente a los otros dos imputados.
“Una vez que creo que esto está suficientemente informado, lo primero que tengo que preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración”, le señaló. “Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416”, avanzó Sánchez.
“¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado?”, insistió Peinado. “Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley”, zanjó el presidente.
Cabe recordar que Gómez está investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El próximo 30 de septiembre está previsto que la Audiencia Provincial de Madrid decida, a petición de la propia imputada y de Fiscalía, si archiva el caso.
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