El Parlamento Europeo ya ha sancionado a Luis ‘Alvise’ Pérez por no declarar a tiempo sus ingresos privados. Ahora, un año después de las elecciones europeas, el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) ha presentado finalmente su declaración, revelando casi 800.000 euros en beneficios, con cifras que incluyen pagos mensuales constantes y un polémico ingreso de 100.000 euros coincidiendo con la campaña electoral. Esta declaración llega mientras el político sigue bajo el foco de investigaciones judiciales tanto en España como en Bruselas.
Ingresos como ‘influencer’ y rentas por redes sociales
La mayor parte de los 783.200 euros declarados por Alvise Pérez procede de su actividad como ‘influencer’, con 639.200 euros generados entre 2021 y julio de 2024. A estos se suman 129.000 euros recibidos por su actividad en redes como Patreon, Twitter, Youtube e Instagram, a razón de 3.000 euros mensuales durante 43 meses.
En detalle, Pérez reconoce haber ingresado:
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13.000 euros mensuales en 2021
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16.500 euros mensuales en 2022
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12.100 euros mensuales en 2023
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20.000 euros mensuales en 2024, incluyendo un pago único de 100.000 euros en abril
El evento que generó ese ingreso extraordinario tuvo lugar en Madrid, durante una charla sobre «carga fiscal y libertad financiera» organizada por el Madeira Invest Club, plataforma vinculada a Pérez. Este pago es parte de una causa abierta ante el Tribunal Supremo por financiación en campaña electoral
Actividad empresarial y pagos adicionales
Además de su faceta digital, Pérez incluyó en su declaración 15.000 euros percibidos en 2021 como administrador único de la empresa Resistencia Popular SL, actualmente inactiva.
Por otro lado, desglosa ingresos mensuales fijos de:
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2.500 euros por Patreon, Twitter y Youtube
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500 euros adicionales de Instagram
Estas rentas continuadas en redes sociales suman los ya mencionados 129.000 euros en 43 meses
Sanción del Parlamento Europeo por ocultar ingresos
En marzo, la Eurocámara impuso una sanción económica de 676 euros a Pérez por no presentar en tiempo y forma su declaración de intereses privados. Esto supuso una infracción del artículo 4 del código de conducta del Parlamento, que exige a los eurodiputados máxima transparencia sobre su ocupación previa y sus ingresos paralelos al cargo.
La falta de esta información también pesó en su intento de integrarse en el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). Aunque los otros dos eurodiputados electos con SALF, Nora Junco y Diego Solier, sí fueron aceptados, ECR vetó a Pérez.
