El vicepresidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès (i) saluda a la candidata de la CUP a la Presidencia de la Generalitat, Dolors Sabater, antes de dar una rueda de prensa sobre las prioridades del futuro Govern, en Barcelona, Catalunya (España), a 4 de marzo de 2021. David Zorrakino / Europa Press 4/3/2021
Los compromisos figuran en el preacuerdo programático alcanzado por ambos partidos para investir presidente al candidato de los republicanos, Pere Aragonès, y al que ha tenido acceso Europa Press.
En el marco del compromiso de crear una banca pública, ERC y la CUP trabajarán para situar el ICF como entidad de «referencia a la hora de facilitar al máximo el impacto económico, social y ambiental de los fondos europeos» de recuperación, que se han comprometido a estudiar conjuntamente una vez se constituya el nuevo Govern.
El documento incluye también el acuerdo de crear un «marco normativo que facilite la remunicipalización de los servicios públicos como el agua», además de la creación de una energética pública.
De esta forma, ERC y CUP trabajarán para situar bajo «control público» la energía, incidir en el sector eléctrico, recuperar las centrales hidroeléctricas con la concesión caducada y definir un modelo de transición energética.
Además, ambas formaciones estudian crear una nueva Conselleria de Acción por el Clima –una propuesta que los republicanos llevaban en su programa electoral–, que será la encargada de impulsar una ley de transición energética, otra de biodiversidad y un plan integral de protección del Delta de l’Ebre, entre otras iniciativas.
El plan piloto de renta básica universal se desplegará en tres fases, según el acuerdo: en una primera, en 2021, se llevará a cabo un estudio de las opciones de diseño de esta medida para «alguna o algunas franjas de edad» y de qué modificaciones se requieren para aplicarla.
En 2022, los partidos se comprometen a implementar las mejores y transformaciones acordadas en políticas de rentas sociales y del plan piloto de renta universal para las franjas de edad más vulnerables.
En 2023 arrancará la tercera parte del proyecto, con la evaluación del impacto y funcionamiento de la renta básica y el planteamiento de propuestas para ampliarla, «si es el caso».
El acuerdo de la CUP y ERC incluye la creación de un comité permanente de seguimiento para evaluar una vez al mes «el cumplimiento de los acuerdos firmados», además de una comisión de coordinación entre el Parlament y el Govern que hará un control de carácter técnico-político con una periodicidad semanal.
El texto recoge que el documento Catalonia Next Generation se actualizará una vez constituido el nuevo Govern, aunque el objetivo «último» de los fondos debe ser un cambio en el modelo productivo para centrarlo en una estrategia industrial.
En este sentido, la digitalización la transición ecológica deben ser objetivos que sirvan de medio para garantizar la vida y el bienestar de las personas, especialmente de los grupos sociales «que quedan siempre marginados o en un segundo plano», y no el objetivo final.
El acuerdo contempla que durante los tres primeros meses de la legislatura se hará un seguimiento de los proyectos seleccionados como emblemáticos para garantizar «el máximo retorno público, social y ambiental».
Ambas formaciones han establecido la creación de una oficina gubernamental de gestión y control de los fondos europeos que permita la participación de sociedad civil, municipios y agentes económicos y sindicales.
Además, se generarán espacios para que pymes, autónomos y empresas locales y de la economía social y solidaria puedan participar en la propuesta y desarrollo de los proyectos, y se priorizarán los recursos de la Generalitat a la gestión de los proyectos «que verdaderamente impliquen una transformación ecosocial».
El acuerdo entre ambas formaciones incluye impulsar la reindustrialización de Cataluña tomando un papel activo e incrementando la participación pública en las empresas ayudadas y el apoyo a industrias emergentes a través de la participación directa en compañías.
Por otro lado, contempla la redacción de un nuevo Plan Nacional para la Industria y la creación de un fondo de reconversión industrial y de fomento del cooperativismo para facilitar que las empresas que han anunciado su cierre se puedan reconvertir en cooperativas.
ERC y la CUP han consensuado exigir al Estado la interrupción del pago de las cuotas de autónomos, reducir el alquiler de los locales comerciales y que abra líneas de financiación pública «con intereses blandos».
El pacto incluye un plan de seguridad laboral y contención para «rescatar al tejido productivo, las pyme y las personas autónomas» a través del asesoramiento, y la creación de líneas de apoyo a trabajadores para la continuidad de las empresas que cierren para garantizar los puestos de trabajo a través de cooperativas.
El preacuerdo incluye un Plan de Estabilización que permita rebajar la temporalidad de los 90.000 trabajadores interinos y temporales del sector público, especialmente en el ámbito de la educación infantil.
Además, se trabajará para realizar un cambio «profundo y radical» en el marco jurídico laboral catalán que limite la subcontratación a trabajos no permanentes de la empresa y que garantice una retribución igual entre la empresa principal y la subrogada.
También se prevé eliminar la preferencia aplicativa del convenio de empresa y exigir nuevos contenidos mínimos referentes a ultraactividad, género y eliminación de distribución irregular; y un cambio en el reparto del tiempo en maternidad y paternidad.
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