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La culpa sin monopolio

Aunque parezca que ya nada sorprende, todavía nos seguimos desayunando con noticias de las arbitrariedades, irregularidades y sobre todo abusos de autoridad cometidos por el Govern catalán en su empeño por conseguir la independencia sin respetar ni la Ley ni las formas. El alejamiento del poder de los principales responsables y la actuación de los gestores de la Administración Autonómica provisional creada por la aplicación del artículo 155 de la Constitución está revelando continuas actuaciones políticas y económicas que a priori no pueden por menos de considerarse delictivas.

Las hay de todo tipo y chirrían las que afectan al manejo de las finanzas públicas y la utilización del dinero que todos los ciudadanos cotizan, no sólo los independentistas, cotizan en inversiones destinadas a preparar y promover la secesión, y no sólo en un desafío a la Constitución y al Estatut sino también a costa de privar a la sociedad catalana de servicios públicas adecuados, de inversiones en infraestructuras necesarias y en atender las necesidades de los más desfavorecidos. El llamado procés ha sido una operación planificada y ejecutada sin escrúpulos.

Punto y aparte merece la actuación de los Mossos d´Esquadra o cuando menos de quienes estaban al frente. Es inconcebible, aunque los hechos demuestran que si es posible, que una organización policial, a la que la sociedad tiene encargado el cumplimiento de las layes y el mantenimiento del orden público esté entre los primeros desaprensivos que las violan y encubren a quienes lo alteran. Es muy sorprendente que esto haya ocurrido pero quizás no tanto como la pasividad con que todas estas anormalidades fueron toleradas desde los gobiernos, particularmente del de Rajoy.

La culpa de lo ocurrido estos últimos y meses no la monopolizan los infractores, también han incurrido en irresponsabilidad quienes por negligencia o desconocimiento intolerable dejaron hacer, miraron para otro lado y permitieron que los que trabajaban en la sombra por conseguir sus objetivos pudiesen llegar a donde llegaron. Lo ocurrido en Cataluña tendría que haberse impedido antes y quienes no lo hicieron, por las razones que sean, deberán igualmente asumir su parte alícuota de responsabilidad.

Mientras el principal culpable hace el ridículo político por una Europa a la que, como no comparte sus ambiciones intenta desprestigiar, en Cataluña el mal ya está hecho: tres mil empresas han huido y otras muchas lo harán si la normalidad no se restablece; el PIB crece la mitad que en el resto de España, el desempleo aumenta, el turismo se hunde y la actividad comercial se ralentiza. Evidentemente es muy pronto para hablar de indultar a los culpables, que son muchos. De momento deben ser condenados como la Justicia estime y después, tiempo habrá primero de tomar medidas para que algo así no se repita y después, quizás, sí, ser generosos.