Cambio Climático
La histórica opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) marca un antes y un después en la lucha contra el calentamiento global.
A petición de la Asamblea General de la ONU, el máximo tribunal internacional ha dejado claro que los Estados no solo tienen un deber moral, sino también legal, de tomar medidas para proteger el sistema climático.
El dictamen subraya que el deterioro ambiental afecta directamente a derechos humanos fundamentales y que ignorar los compromisos internacionales podría acarrear responsabilidades jurídicas concretas.
En su opinión consultiva, la CIJ afirmó que los tratados sobre cambio climático, como la Convención Marco de la ONU, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, establecen obligaciones vinculantes para los Estados parte. Estas incluyen reducir emisiones, adoptar medidas de adaptación, y cooperar para la transferencia de tecnología.
Asimismo, el tribunal puntualizó que estas obligaciones no están limitadas territorialmente. La emisión de gases de efecto invernadero, señaló, es inequívocamente causada por actividades humanas y constituye una amenaza urgente y existencial para la humanidad.
La CIJ remarcó que el sistema climático es vital para las generaciones actuales y futuras, y su protección no puede eludirse
La opinión de la CIJ responde a una solicitud de la Asamblea General de Naciones Unidas realizada en marzo de 2023. Entre otras cuestiones, pedía aclarar las obligaciones internacionales de los Estados para proteger el medioambiente y los derechos humanos frente a las emisiones de origen antropogénico.
En respuesta, la Corte sostuvo que los Estados deben “respetar y garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos” mediante políticas que protejan el sistema climático. Entre los derechos afectados están el derecho a la vida, a la salud, a un nivel de vida adecuado, y el acceso al agua, alimentación y vivienda.
La Corte subraya que un entorno limpio y saludable es una condición previa para el ejercicio de muchos derechos fundamentales
La CIJ fue clara al advertir que no cumplir estas obligaciones puede constituir un acto internacionalmente ilícito. Esto implica posibles consecuencias legales como restitución, compensación y garantías de no repetición para los Estados afectados.
Sin embargo, matizó que la responsabilidad de cada Estado debe evaluarse caso por caso, considerando la existencia de un vínculo causal directo entre la falta de acción y el daño producido.
La sentencia deja la puerta abierta a futuras demandas internacionales por daños climáticos, basadas en los compromisos ya adquiridos por los países
La solicitud de esta opinión fue liderada por Vanuatu, un pequeño Estado insular del Pacífico altamente vulnerable al cambio climático. Su ministro de Adaptación, Ralph Regenvanu, celebró la opinión como un “respaldo legal” para exigir justicia climática.
Aunque la opinión de la CIJ no es jurídicamente vinculante, su valor reside en el peso político y jurídico que puede adquirir en foros internacionales. De hecho, puede ser utilizada como base legal en negociaciones climáticas, futuras resoluciones de la ONU, e incluso en tribunales regionales o nacionales.
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