Así se desprende de un informe de Iberinform de acuerdo con el seguimiento de la publicación de procesos concursales en el BOE y el Registro Público Concursal, que señala que en mayo se registró un aumento interanual del 9,1% de las insolvencias empresariales. “Aunque en 2023 se han producido importantes novedades, como la entrada en vigor del denominado procedimiento especial para microempresas, en el conjunto del año estos procedimientos judiciales registran una caída del -17%”, afirma.
Esta evolución evidencia el impacto de la huelga de Letrados de la Administración de Justicia entre el 24 de enero y el 28 de marzo. “Cabe esperar”, sostiene, “que, tan pronto como se normalice la jurisdicción mercantil, los procesos acumulados se incorporen a lo largo de los próximos meses a esta estadística”.
Mientras tanto, según este análisis, en 2022 las insolvencias acumularon un incremento del 22%, que se concentró en el segundo semestre del año “tras el periodo excepcional de 27 meses de moratoria concursal que decayó el 30 de junio de 2022”. Según Iberinform, “los acreedores recuperaron su capacidad legal para solicitar la declaración concursal de un deudor y los empresarios en una situación de insolvencia volvieron a estar obligados a solicitar la declaración concursal”.
Respecto a los datos por las diferentes comunidades, Cataluña (24% del total) y Madrid (18%) son las regiones donde más concursos se declaran. Por detrás, la Comunidad Valenciana (15%) y Andalucía (11%).
Asimismo, en cuanto a los sectores, predominan las insolvencias en construcción e inmobiliario (24% del total) y el comercio (22%), seguidos de la industria manufacturera (15%), hostelería (9,9%) y servicios a empresa (8,8%).
Además, este informe recoge que en mayo la disolución de empresas registró un decrecimiento del -10% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. En el conjunto del año acumula un incremento del 0,3%. La destrucción de tejido empresarial se concentra en Madrid (30% del total), Andalucía (14%), la Comunidad Valenciana (12%) y Cataluña (7%). Los sectores más afectados son los ya citados construcción e inmobiliario (24% del total) y el comercio (19%), junto a servicios a empresa (15%).
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