Sillas y mesas de un aula.
Las organizaciones de la educación concertada han manifestado su «hartazgo» e «indignación» por las enmiendas presentadas el pasado miércoles por el PSOE y Unidas Podemos de manera conjunta al articulado del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), y advierten de que se están preparando para movilizaciones.
Según Escuelas Católicas, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), el Sindicato Independiente de Enseñanza de Madrid (FSIE) y la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (FEUSO), dichas enmiendas «refuerzan de manera inequívoca el objetivo del Gobierno de incrementar la enseñanza pública a costa de reducir progresivamente la enseñanza concertada hasta su eliminación».
Las 117 enmiendas conjuntas de PSOE y Unidas Podemos (más las 54 de este último partido en solitario) confirman, según las 6 entidades, la voluntad de ambos partidos de «incrementar el número de plazas exclusivamente públicas en todos los niveles educativos, y especialmente en Educación Infantil (0-3 años); acabar con la complementariedad de redes (pública y concertada); suprimir la libertad de elección de las familias como criterio para mantener o reducir aulas; incrementar el control por la Administración del proceso de admisión de alumnos; o implantar la distribución forzosa del alumnado sin respetar la voluntad de las familias».
Asimismo, aseguran que las enmiendas tratan de «reforzar el criterio de zonificación; eliminar progresivamente los centros de Educación Especial; establecer actividades complementarias gratuitas y obligatorias con un posible contenido ideológico al margen del proyecto educativo del centro; suprimir el concierto de los centros de educación diferenciada; imponer valores no consensuados mediante una asignatura específica que parece una reedición de Educación para la Ciudadanía; e introducir determinadas líneas transversales (perspectiva e ideología de género, memoria democrática, etc.)».
UNA REFORMA SIN CONSENSO
La reforma educativa planteada, más conocida como ‘Ley Celaá’, no plantea, según las asociaciones, medidas que mejoren la situación de los docentes, sino lo contrario, ya que «acrecienta aún más las abultadas desigualdades existentes con sus homólogos de la red pública», y tampoco concreta incrementos en los módulos de conciertos que permitan mejorar las condiciones del personal de administración y servicios. «En definitiva, esta LOMLOE menoscaba la seguridad jurídica y laboral en el sector y tendrá graves consecuencias sobre el mantenimiento y la calidad del empleo», advierten.
En resumen, las asociaciones se quejan de que la ‘Ley Celaá’ plantea la derogación de la LOMCE (actual ley educativa, más conocida como ‘Ley Wert’, de 2013) como «excusa» para reeditar los planteamientos pedagógicos de la LOE (anterior ley educativa, de 2006), que a su juicio «tan bajos resultados académicos produjo», e imponer la enseñanza pública como único eje vertebrador del sistema educativo en detrimento de otras opciones elegidas por las familias.
Y es que consideran que este Proyecto de Ley, «lejos de generar ilusión en el seno de la comunidad educativa, provoca apatía, al demostrar la incapacidad política para llegar a un Pacto Educativo de Estado que siente las bases de una nueva ley, moderna y con espíritu de permanencia», que otorgue estabilidad al sistema educativo desde el consenso.
«Todos deseamos una ley que solucione los verdaderos problemas del aprendizaje de nuestros niños y jóvenes, que apueste por la autonomía de los centros, por la innovación y por el respeto a los derechos de padres, alumnos y educadores y que aporte la financiación necesaria. Pero esa ley no es la LOMLOE», manifiestan.
Por todo ello, las organizaciones que representan a la enseñanza concertada preparan una batería de acciones dirigidas a informar a la comunidad educativa del contenido de la Ley, visibilizar la oposición en los medios y promover movilizaciones sociales, que se concretarán y desarrollarán en las próximas semanas, ante lo que consideran «la vulneración de los derechos y libertades ciudadanas» reconocidos en la Constitución.
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