En los últimos meses se han multiplicado las agresiones contra vigilantes de seguridad en la red de Metro de Madrid. Hubo incluso un ‘secuestro’ ferroviario, llevado a cabo por varios grafitteros, que dejó en evidencia la falta de seguridad existente en el suburbano. Ante estas circunstancias, la Comunidad de Madrid vuelve a ponerse de perfil.
“Los vigilantes de seguridad no son personal de Metro de Madrid, son íntegramente personal contratado mediante empresas de seguridad externa”. Esa es la respuesta del gobierno regional de Ángel Garrido cuando se le pregunta (Clara Serra, Podemos) por los derechos laborales y la salud de los vigilantes del metro.
Ilunion, Trablisa, Segurisa y Ombus son las cuatro empresas privadas que gestionan la vigilancia del Metro de Madrid. Cuatro compañías que han sido denunciadas por sus propios trabajadores ante la falta de seguridad que sufren los vigilantes. Una denuncia que ha sido admitida a trámite y que espera inminentemente la apertura de la vista oral.
Los vigilantes demandan la presencia de chalecos anti-trauma y anti-pinchazos así como guantes anti-cortes. Junto a una mejora del material, los encargados de velar por la seguridad en el suburbano piden la contratación de más vigilantes que permita reducir el riesgo que conlleva realizar una jornada en solitario.
“Antes solíamos estar cerca de tres vigilantes en las estaciones más peligrosas. Ahora es común ver a un vigilante solo”, lamenta el portavoz nacional del sindicato Alternativa Sindical, Alberto García, a EL BOLETÍN.
Los vigilantes recuerdan a la Comunidad de Madrid que, a pesar de externalizar el servicio de seguridad del metro, tiene responsabilidades sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde la empresa contratista y la contratada tienen competencias.
A juicio del sindicato, las empresas se niegan a mejorar la seguridad de los vigilantes porque no quieren perder su margen de negocio. Una de las críticas más extendidas entre los trabajadores, la priorización del factor precio a la hora de adjudicar las licitaciones.
El bajo precio obliga a las empresas seleccionadas a tener un proceso productivo ‘low cost’ que, en estos casos, implica trabajar con un elevado riesgo sanitario. “Pegar a un vigilante de seguridad se ha convertido en un deporte nacional”, alerta Alberto García.
El sindicato avisa a la Comunidad de Madrid que “como ocurra algo grave con algún vigilante de seguridad, exigiremos responsabilidades penales”.
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